Pablo Sabadini, el fiscal de la causa que investiga presuntos actos de corrupción de la diputada macrista Aída Ayala cuando fue intendenta de Resistencia, afirmó que la legisladora «debería estar presa» porque considera que la imputada tiene posibilidades de entorpecer la investigación.
En un escrito que presentó a la jueza a cargo de la investigación, el fiscal acusó a la Policía Federal de no haber realizado los peritos determinados por la magistrada, que solicitó por ejemplo analizar y evaluar la información extraída de los soportes informáticos secuestrados en los allanamientos realizados en el marco de esta causa. «El perito, frente a distintos puntos de pericia sobre los que debía pronunciarse, manifiesta que al no contar con la documentación necesaria no podría expedirse», sostuvo Sabadini.
También dejó en claro que «así presentada la tarea pericial realizada por el perito designado, se observa que la misma ignora los elementos señalados por el Tribunal…, cuyo análisis y examen estimamos insoslayable para la debida obtención del cuadro de situación patrimonial y económico de las personas investigadas y maniobras consideradas ilícitas».
La diputada macrista Ayala solicitó en Casación revocar su prisión preventiva
El representante del ministerio Público Fiscal luego establece que legisladora nacional «habría tomado conocimiento de las conclusiones del estudio pericial antes que la jueza de la causa». «Se verifica una seria sospecha que la imputada Aída Ayala, pudo tener acceso al informe pericial y a sus conclusiones, antes de que este se incorpore al expediente y a conocimiento de la juez», sostiene el fiscal.
Con estos elementos disponibles, Sabadini afirmó que «la imputada Aída Ayala, estando en libertad, puede obstaculizar el trámite del proceso y, por ende, se hace necesaria su privación de libertad a título cautelar». Vale destacar que la edil radical está acusada de delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real.
