Mientras la disputa por la reforma laboral parece continuar estancada por la oposición sindicalismo y del peronismo dialoguista en el Parlamento, el Gobierno busca formas de presión que le permitan subordinar nuevamente al gremialismo opositor. En los próximos días podría quitarle a los gremios el control de la millonaria caja del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que distribuye más de mil millones de pesos anuales para financiar tratamientos médicos complejos de las obras sociales sindicales.
A inicios del mandato presidencial de Mauricio Macri se decidió devolverle a los gremios el control de los 30 mil millones del fondo de las obras sociales que el kirchnerismo había retenido. Así se garantizó la adhesión de la CGT, que sostuvo un perfil dialoguista y comprensivo aún en los momentos políticamente más complejos de los primeros dos años de gobierno. Ahora, en medio de la puja política para aprobar la reforma laboral (que ya ha logrado que el Gobierno se resigne a no llamar a sesiones extraordinarias en febrero para tratarla) y de la negativa de la CGT a acompañar el proyecto (a pesar de que sus abogados formaron parte de la elaboración del mismo, meses atrás), el gobierno podría eliminar el SUMA, creado por el kirchnerismo, que contempla el giro automático de fondos unos 950 millones de pesos (que surgen del 5% de lo recaudado por Aportes y Contribuciones) para el Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales.
Más allá de que el objetivo oficial es la eliminación de este subsidio en el “corto plazo” el anuncio oficial de los próximos días sólo contemplaría un recorte a la mitad. Para el Gobierno, se trata de un subsidio “que no tiene demasiada justificación” ya que “no tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos”. El proyecto oficial, en el que hoy siguen trabajando el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, el ministro de Salud Adolfo Rubinstein y el superintendente de Servicios de Salud Sandro Taricco, contempla un redireccionamiento de esos fondos hacia la cobertura para jubilados y monotributistas.
Actualmente la distribución los fondos del SUMA se determina por el tamaño de los gremios, distribuyéndose el 20% en partes iguales entre las obras sociales con más de 5 mil afiliados y el 80% restante en forma proporcional al número de afiliados de cada gremio. Desde el Gobierno se afirma que los gremios pequeños, que precisamente son los que más necesitan de este fondo compensatorio, serán asistidas “de otra manera, no se las va a desfinanciar”. Una de las opciones es que se fusionen o compartan y “optimicen” recursos las obras sociales de los gremios más pequeños, en un discurso en sintonía con el mensaje que emitió el presidente Macri en octubre del año pasado, cuando opinó que “no puede ser que haya más de tres mil sindicatos”.
En paralelo con esta medida, también se anunció el inicio de “auditorías sorpresa” a los gremios para estudiar sus libros contables, propiedades y padrón de afiliados. La directora Nacional de Asociaciones Sindicales Karina Palacios confeccionó, siguiendo directivas del hoy cuestionado ministro de Trabajo Jorge Triaca, una lista de 25 sindicatos que podrían ser auditados en busca de inconsistencias e irregularidades.
También en ese marco de creciente puja con los gremios puede leerse la reactivación de causas que investigan el involucramiento de referentes de la CGT tales como el camionero Hugo Moyano, el gastronómico Luis Barrionuevo, el estacionero Carlos Acuña y el petrolero Antonio Cassia) en un millonario esquema de emisión de facturas apócrifas para justificar la evasión de empresas y sindicatos. La investigación, surgida de una denuncia de la AFIP, involucró inicialmente al contador Ángel Guidoccio (hombre cercano al presidente de Boca Daniel Angelici) y hoy se encuentra en manos de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de Quilmes Luis Armella, que ya han dispuesto la detención de 12 personas. El circuito de facturas truchas involucra también a la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, al Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, al Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), al Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.
