En el esquema a debatir aparece la ley que reforme el Consejo de la Magistratura, obligado tras el fallo de la Corte que pone un plazo que vence en abril. La fecha del 1° de febrero donde el Congreso vuelve a funcionar, coincide con la marcha hacia Tribunales, que gana volumen y suma adhesiones. La incógnita de la agenda legislativa es el capítulo económico, dada la incertidumbre en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno ultima los detalles para el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso durante todo febrero. El plazo se fue corriendo, porque se había especulado con un posible comienzo el 17 de enero, luego este lunes 24, hasta que finalmente sería el 1° de febrero el momento indicado, que se conocería en un decreto este martes 25.
El debate por la reforma del Consejo de la Magistratura debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril. El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y ordenó volver a llevar a 20 el número de integrantes, frente a los actuales 13.
El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en las sesiones extraordinarias.
En diciembre el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género para dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
La economía
El camino plagado de dificultades que atraviesa Argentina en su negociación de meses con el FMI, por la refinanciación de plazos y montos de la deuda de 44.700 millones de dólares otorgada al gobierno de Mauricio Macri, es el eje por donde pasa gran parte de la política por estas horas.
En ese marco, el Gobierno de Alberto comienza 2022 sin un Presupuesto y tampoco se llegó a enviar nunca el Plan Plurianual, con previsiones para los próximos años, en la práctica una quimera hasta no saber si habrá acuerdo con el Fondo y qué características tendrá.
Otro proyecto que se arrastra como pendiente desde 2021, es el relacionado a hidrocarburos, busca establecer un régimen de promoción de exploración y producción de petróleo y otro relacionado con la producción de gas natural. Según lo pautado aquellos proyectos que incluyan un plan asociado a la sustentabilidad energética obtendrán beneficios adicionales.
Además figura en carpeta el proyecto de ley de Agroindustria planea alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres para 2030, además de crear 700 mil puestos de trabajo. También se devolverá el IVA destinado a inversiones en tres cuotas
La iniciativa relacionada al cannabis, que establece la exclusión del cáñamo del listado de estupefacientes y crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para la fiscalización y control de la actividad, es otro de los posibles temas. El Gobierno estima que con esto se pueden generar 10 mil nuevos puestos de trabajo.
Por último, el Gobierno mandó hace unos días al Congreso el Consenso Fiscal firmado por la mayoría de mandatarios provinciales, que permite la suba de impuestos locales y modifica el acuerdo original de 2017. Quien no acompañó fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene una puja judicial con Nación por la quita de fondos contra la Ciudad, efectuada en 2020 y que revirtió la discrecionalidad de el proceso inverso que había efectuado Mauricio Macri. De Rodríguez Larreta se desmarcaron los gobernadores radicales Rodolfo Suarez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy).
