Luego de las contundentes declaraciones que realizó el juez de Averllaneda Luis Carzoglio, tras rechazar el pedido de detención del gremialista Pablo Moyano, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, adelantó que impulsará su juicio político.
El funcionario de Vidal reflejó su punto de vista en una entrevista con Radio Con Vos, en la que destacó que el magistrado ya fue denunciado en 2017 ante «la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento por diferentes hechos, algunos de los cuales habían sido preexaminados en el ámbito disciplinario de la Suprema Corte de la Provincia en tres expedientes».
«Consideramos que el magistrado carecía de la idoneidad suficiente para desempeñarse en su función y por lo tanto se debía avanzarse en el proceso de enjuiciamiento y llegar a una resolución que dispusiese su cesantía», agregó el Procurador.
Consultado por el fallo favorable a Pablo Moyano, Conte Grande expuso que «los jueces de garantía tienen limitaciones: no opinan sobre las calificaciones de los hechos, no opinan sobre el contenido de las investigaciones, no pueden ni emitir juicio sobre lo que el fiscal viene haciendo porque eso depende del tribunal de enjuiciamiento».
Y agregó que «absolutamente» Carzoglio se excedió en sus facultades. «Eso es objetivamente así», respondió. «La otra curiosidad del fallo, que es excepcionalísimo diría, es que un juez de garantías deniegue medidas probatorias», cuestionó en referencia a los allanamientos que había pedido el fiscal Scalera, y a que ahora perdieron sentido porque ya se conocen.
También ofreció más argumentos para el jucio político del magistrado: «la Suprema Corte tramitó tres expedientes disciplinarios en los que al juez se lo investiga por distintos casos de violencia laboral por acusaciones que hiciera el gremio de judiciales». «Nosotros le agregamos algunos antecedentes de otras denuncias vinculadas a supuestas adulteraciones de actas procesales para beneficiar condiciones de personas sometidas al tribunal», manifestó.
Y desmintió presuntas presiones luego del fallo que dictaminó ya que «carece de fundamento». Además, advirtió que fue «inteligente» en no mencionarlo directamente porque no tiene pruebas.
No es la primera ocasión en la que autoridades del Gobierno se encargan de denunciar, o apartar, a personas de la Justicia que no se alinean con los intereses oficiales. El fiscal encargado de investigar el polémico acuerdo entre el Correo Argentino, del grupo Macri, y el Estado, Juan Pedro Zoni, que incluso imputó al presidente, fue apartado de la causa por decisión del jefe interino de la Procuración, Eduardo Casal.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes emitieron una resolución que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en marzo de este año, recibieron críticas de los funcionarios de la Casa Rosada y tuvieron que pedir su traslado a otros juzgados federales.
Otro caso: el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA y fue sancionado por mal desempeño por el Consejo de la Magistratura con quita de haberes.
Incluso el ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas Militares, Luis Moreno Ocampo, acusó al presidente Macri de «comprar jueces» para «atacar a los enemigos» y señaló que «si te quedás con los jueces federales, los usás para atacar a los enemigos».
