En la primera sesión legislativa del año, el Senado aprobó el traslado del juez federal Alejo Ramos Padilla a un juzgado electoral y le dio media sanción a una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. La iniciativa, que incluye cambiar el procedimiento de selección de los integrantes de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que tiene dependencia del Poder Ejecutivo, recibió 40 votos positivos contra 26 negativos.
Tras la aprobación, el juez Ramos Padilla, que está a cargo del juzgado federal de Dolores, se desempeñará en el juzgado federal de primera instancia número 1 de la ciudad de La Plata. Esta dependencia tiene un carácter especial ya que cuenta con dependencia electoral en el principal distrito del país. Este año se renovarán 35 bancas del distrito que conduce Axel Kicillof 16 del Frente de Todos y 14 pertenecen de Juntos por el Cambio (8 del PRO, 3 de la UCR y 3 de la Coalición Cívica).
«Es un juez valiente que tuvo que soportar que un Presidente en ejercicio (por Mauricio Macri) dijera que había que sacarlo. Fue víctima de una campaña mediática y política de descalificación que tiene pocos antecedentes», señaló Jorge Taiana (FdT) en el recinto. Al mismo tiempo el ex canciller consideró que este traslado «es un acto de estricta justicia y en verdad un desagravio ante tantas falsedades».
En tanto, el aliado macrista Juan Carlos Romero denunció «contubernios políticos» y adelantó el rechazo a la designación de Ramos Padilla al sostener que se trata de «un juez militante y polémico». «Se pretende nombrar en un juzgado tan importante como es electoral de la provincia de Buenos Aires», agregó.
Entre los candidatos que recibieron aval del Senado están además Ariel Fognini, Alejandro Pastorino, Mariana Kanefsck, Andrea Imatz y Ramiro Guiraldes para para los juzgados nacionales en lo civil 97, 29, 4, 6 y 90 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo también propuso los ascensos de Nicolás Ossola, Verónica Vieito y Pedro Pugliese como defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, del juzgado federal de Mercedes y de la Defensoría Pública de la Víctima de Neuquén.
Respecto a la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, la titular de la comisión de Legislación General y autora del proyecto, Ana Almirón (FdT), dijo: «Proponemos que sea el Poder Ejecutivo quien haga la designación garantizándola de manera rápida porque el tema así lo requiere pero que a la vez se garanticen condiciones de igualdad e idoneidad».
Por su parte, por la oposición el senador radical Martín Lousteau, declaró que la norma busca «defender a los que no tenían voz» como los consumidores y los productores. «Soy autor de la ley anterior, la presenté en 2014, y buscaba atacar las prácticas restrictivas de la competencia e impedir la cartelización, conductas que muchas veces son tácitas», señaló.
