El Gobierno concedió negociar el artículo 2 y el proyecto de Memorádum de Entendimiento por la deuda del macrismo con el Fondo llega al pleno de la Cámara. Oposición en un sector del Frente de Todos y acompañamiento de parte de la oposición, la alquimia de los votos en Diputados.
El texto final autoriza el «crédito público», pero deja de lado el célebre artículo 2, el del «programa económico» de Alberto.
Paradójicamente, desde hace varios meses, cuando avanzaba la negociación del equipo de Martín Guzmán con el Staff del organismo, el leit motiv de la oposición era que el gobierno no «tenía un plan económico». Cuando se plasma en un texto, la postura fue pedir que se lo saque. La forma de cobrar su acompañamiento, tuvo ribetes extorsivos, montados además sobre la propia interna del Frente de Todos.
A contrarreloj, oficialismo y oposición negocian para evitar el default
De hecho, hasta el comunicado de Juntos por el Cambio, pone sal en la herida de la unidad todista, cuando señala: «Consideramos una gran irresponsabilidad institucional del oficialismo no haber logrado reunir la totalidad de sus diputados», en referencia al rechazo de parte del Frente de Todos al acuerdo con el FMI.
El tercer día del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas terminó con un dictamen que cambió la redacción original del texto que presentó el Ejecutivo el viernes pasado. Lo llamativo entonces, será que la mayor resistencia al proyecto va a surgir desde el propio Frente de Todos, más que de la coalición opositora.
Protagonistas de los cambios plasmados en en el texto, fueron el titular de la Cámara baja, Sergio Massa (en diálogo permanente con Alberto), el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez y las principales autoridades parlamentarias de Juntos por el Cambio: el radical Mario Negri, el macrista Cristian Ritondo y el representante de la Coalición Cívica Juan Manuel López.
Fueron muchas horas de conversación, en paralelo con el trabajo de las comisiones.
Por la tarde, Massa y Martínez llegaron al despacho de Negri, para dar las últimas puntadas al acuerdo, que derivó en un proyecto de dos artículos.
Así, se dejan de lado referencias al programa pactado para cumplir las metas acordadas por el gobierno con el staff.
El texto se basa en lo que señala la Constitución Nacional, puntualmente el inciso 7 del artículo 75, dedicado a definir las facultades del Congreso. Ese punto le otorga la facultad de «arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación». Además, tiene en cuenta el segundo artículo de la ley 27.612, de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que el Congreso debe aprobar «expresamente» todo «programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones».
Massa también habría aceptado sacar los fundamentos del proyecto, donde el Ejecutivo ratificaba que el nuevo pacto no anulaba los alcances de la investigación judicial abierta el año pasado para indagar las responsabilidades de la deuda contraída en 2018.
Esa ausencia también sostiene los desacuerdos en el FdT, porque el artículo 1° indica que la nueva operación de crédito público es para «la cancelación de los vencimientos del “acuerdo stand by” oportunamente celebrado en 2018». Esas líneas son interpretadas por JxC como un triunfo, pero es vivida en un sector del oficialismo como una claudicación.
Los cambios
El borrador tiene tres artículos. Los dos últimos son de forma pero el primero nuclea el alcance de ambas normas, según explicó Carlos Heller, en rueda de prensa junto a Germán Martínez. Aprueba «las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI para la cancelación de los vencimientos del “acuerdo stand by” oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales».
Con esa redacción, desde JxC aceptaron acompañar la refinanciación de los 40.000 millones de dólares adeudados al FMI, pero también el reintegro de los 5.000 millones que la Argentina ya pagó y que serán utilizados ahora para aumentar las reservas del Banco Central.
