La oposición pretende que se elimine la tasa del 3% para aquellas empresas que no se sumen al reciclado de los envases puestos en el mercado. La postura del macrismo es que se trata de la creación de un nuevo “impuesto”, un reclamo en sintonía con cámaras de empresas nacionales y extranjeras, que ejercen un lobby contundente. Qué otros temas quedan sin tratamiento.
El viernes pasado era la fecha prevista para la convocatoria, de parte de la presidencia de la Cámara de Diputados. Se estimaba que este martes 30 se iban a tratar en el recinto varios proyectos, entre los cuáles está el de la Ley de Envases, que tiene dos dictámenes de mayoría. De hecho, muchos legisladores tenían previsto estar en la Ciudad de Buenos Aires este lunes a la espera de una convocatoria que no llegó.
Ocurre que en el despacho de Sergio Massa tienen presente el show mediático montado por la oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio, que no dio quórum el pasado 5 de octubre para la sesión donde iba a debatirse el Etiquetado Fontal de Alimentos, argumentando que la convocatoria había sido efectuada por fuera del horario administrativo de la Cámara, que terminó sesionando y aprobando la norma el 26 de octubre, con muchos diputados de JxC votando a favor de un proyecto al que no le habían dado el quórum.
Diputados de JxC y cámaras empresarias rechazaron el proyecto de Ley de Envases en audiencia pública
En esa ocasión, la lectura política trató de explicar esos hechos por el libre juego de los pesos y contrapesos entre oficialismo entre gobierno y oposición, en el medio de un proceso electoral, entre las PASO y las legislativas.
Pero ahora, con los resultados puestos, con las conformaciones de las Cámaras establecidas a partir del 10 de diciembre, asoma con nitidez otro factor de peso y de pesos en estas cuestiones: el lobby empresario. Esa capacidad de influir en los que deciden, que por momentos hacen parecer a las empresas como responsables de legislar sobre asuntos de bien común, más allá del interés particular.
La Ley de Envases avanza sobre la regulación de un tema con enorme impacto y con múltiples esferas que van desde lo ambiental-sanitario y lo económico, a la creación de un marco de ciertos derechos para los recolectores informales de residuos, grandes impulsores de este proyecto que tuvo a todo el Gobierno detrás.
El texto contempla el cobro de una tasa ambiental (hasta el 3% del precio de venta), que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado que no se puedan reciclar; y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización. Desde los bloques opositores, sobre todo JxC, se hicieron eco de la queja de varias cámaras empresarias, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que denuncia la creación de un “nuevo impuesto”.
La sesión caída
A última hora del viernes, los legisladores se enteraron de que se caía la convocatoria porque “se continuará trabajando para lograr con todos los bloques los consensos necesarios para no dejar ningún tema afuera”.
Entre las iniciativas que quería incluir el Frente de Todos al temario estaba la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH que propone derogar la Ley 23.798 del año 1990 que declara de interés nacional la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población.
El texto incorpora las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual a todo el texto de la norma. Además, persigue la sostenibilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos.
A partir del asesinato de Lucas González, el joven de 17 años que fue baleado en el barrio porteño de Barracas por policías de la Ciudad, el oficialismo buscaría llevar al recinto el Régimen de Prevención y Erradicación de Casos de Violencia Institucional por Fuerzas Policiales, de Seguridad y Servicios Penitenciarios en todo el Territorio Nacional. El proyecto de ley –que fue discutido en varias reuniones de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Interior– busca crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional.
Y un tema no menor, que también tuvo al Gobierno en pleno interesado en el debate, es la incorporación al temario del proyecto de ley para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial que envió el Ejecutivo Nacional.
La iniciativa crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para el uso medicinal, incluyendo la investigación científica y el uso industrial. Promueve el desarrollo de la industria del cáñamo, el cual funciona como insumo para la producción de fibras textiles, ropa y calzado, cosmético, materiales para construcción y papel.
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