A pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la detención de Oscar Alberto Nievas, intendente de la localidad chaqueña de Castelli, imputado por lavado de dinero en una causa que investiga el desvío de fondos destinados a viviendas sociales para comunidades de pueblos originarios. Pero cuando Gendarmería fue a cumplir la orden judicial Nievas contrapuso el Habeas corpus recientemente otorgado por la jueza provincial María de las Mercedes Pereyra.
El funcionario, del frente Chaco Merece Más-PJ, es además hermano de Martín Nievas, ministro de Gobierno del Chaco e importante figura del gobierno provincial de Domingo Peppo. El intendente es investigado por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos por irregularidades en la construcción de 641 viviendas para las comunidades locales de pueblos originarios, cuya obra debía ser asumida por cooperativas de la zona. Pero aparentemente Nievas habría adjudicado la mayoría de las obras a la Federación de Cooperativas de Trabajo de El Impenetrable Chaqueño, que a su vez cedió las obras a la empresa JOA, de José Hipperdinger, ex secretario de gobierno del intendente de Villa Bermejito, Lorenzo Heffner (quien a su vez se encuentra involucrado en otra investigación por desvío de fondos públicos).
También se constató que uno de los proyectos para la construcción de 100 viviendas, con un presupuesto de casi 34 millones de pesos ejecutados, todavía no había iniciado puesto los cimientos de una sola casa, encontrándose el predio destinado al proyecto absolutamente baldío. Además, las 40 casas que sí fueron terminadas se entregaron discrecionalmente a amigos, familiares y allegados del jefe comunal, sin respetar el destino original que preveía destinatarios de los pueblos originarios de la zona.
La jueza Pereyra, que concedió el recurso que le permitió al intendente librarse de la detención, acumula varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, entre las que se cuenta la liberación “express” de dos acusados por la defraudación de 50 millones de pesos al Nuevo Banco del Chaco. En 2011 también concedió un recurso de habeas corpus para frenar la detención de José Ramón Carabajal, intendente de la localidad de La Leonesa, acusado de liderar una patota que impidió violentamente la realización de una charla contra el uso de agroquímicos. Inmediatamente después de firmar la resolución, la jueza se habría ausentado de la provincia, para hacer un viaje en crucero.
Este lunes, el fiscal Sabadini presentará una denuncia penal contra Pereyra por “encubrimiento”, con notificación al Consejo de la Magistratura provincial y además confirmó que está elaborando un informe detallando los serios problemas institucionales en la Justicia provincial para ser remitido al presidente Mauricio Macri, a ambas cámaras del Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
