Lla Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) denunció que en muchos de los accidentes de trabajo que terminan judicializados los peritos tienden a “inflar” los montos de las indemnizaciones en sus informes, para recibir un mayor porcentaje por el pago de sus servicios.
Los peritos oficiales cobran honorarios de acuerdo a la liquidación judicial, que se hace en base a los montos indemnizatorios pagados. Los pagos se van incrementando de acuerdo a los porcentajes de incapacidad fijados por las pericias, luego ratificados o rectificados en última instancia por el juez de la causa. Los peritos son sorteados de una lista que se inscribe en la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, a la que pueden sumarse con el sólo requisito de tener un título médico habilitante, si requisitos de especialización.
Según el informe de la UART, en base a un estudio sobre 83.500 juicios por riesgos del trabajo con Pericia Médica Oficial (PMO), se detectó un desvío en la aplicación del Baremo (la tabla que se utiliza para medir el grado de incapacidad) de 17,5 puntos en la valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral. ada punto extra de incapacidad suma 22.750 pesos extra en la indemnización. En los últimos años esta práctica habría generado pérdidas a las empresas y ART por 4 mil millones de dólares. En el trabajo de Unión de Aseguradoras se denuncia la existencia de pericias que han establecido un 60% de discapacidad psicológica por un esguince de rodilla.
Gonzalo Davini, asesor de la UART, explicó que en la Justicia Nacional del Trabajo “la prueba principal en los reclamos que hacen los trabajadores por accidentes de trabajo es la pericia médica y en virtud de ella prosperará o no la demanda”. “Las principales razones por las que este sistema no está funcionando tienen que ver básicamente con la posibilidad de que no sean peritos especializados, que no lleguen por concurso los mejores sino aquellos que deciden anotarse y también es muy importante la cuestión de que los honorarios que recibe el perito están atados al resultado del juicio, por lo que a mayor incapacidad que otorga el perito, mayor es la sentencia que va a salir en el juicio y mayores los horarios que va a cobrar, por lo que en muchos casos tienen esta tendencia a abultar las incapacidades”, amplió.
Uno de los abogados de la entidad, Guillermo Mitchell, confirmó que a partir de estas irregularidades la jueza en lo laboral Lilia Funes Montes inició una causa penal por irregularidades en la designación de peritos, asignándose casos a profesionales que no estaban en los listados oficiales, con la connivencia de un empleado judicial.
Desde la UART se reclama que la conformación de un Cuerpo de Médicos Judiciales, tal como está previsto en la Ley 27.348, que se designen por concurso y que el pago de los honorarios pase a ser por una suma fija y un porcentaje.
