Finalmente los distintos sectores acodaron modificar la ley de 26.215, de Financiamiento de los Partidos Políticos, y emitieron Dictamen para que sea tratado en el Senado. El mismo contempla la eliminación la cláusula de no retroactividad del procedimiento electoral sancionatorio nuevo respecto a los procesos judiciales existentes a la sanción de la ley; a la vez que impide que los sindicato puedan contribuir económicamente y duplica lo que tienen permitido aportar las empresas para «desenvolvimiento institucional».
Otro de los puntos polémicos es el artículo que estable una pena de prisión e inhabilitación al «clientelismo», definido de manera laxa, y enumerando simplemente el ejercicio de cualquier tipo de entrega o promesa de recursos, favores o ventajas a cambio del voto.
Las empresas podrán aportar hasta 25 millones de pesos para la próxima campaña presidencial, pero tendrán que hacerlo para «su desenvolvimiento institucional», pero no para financiar las campañas electorales. En este segundo caso, podrán hacerlo con un límite por persona física o jurídica del cinco por ciento del total de los gastos permitidos a cada partido político.
Ayer, expertos en la materia continuaron brindando su opinión sobre el proyecto de ley en un plenario de comisiones presidido por los senadores Mera, Guastavino y Bullrich; y en el que que habría acuerdo para que la ley se trate el 21 de noviembre.
El primer orador de la jornada de hoy en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado, fue el coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos, Nicolás Tereschuk, quien alertó sobre el “interés de las empresas” y consideró que “se pone en juego la cuestión de la equidad”. Asimismo, advirtió que “en los últimos años hay una tendencia en Sudamérica a prohibir los aportes de las empresas a las campañas electorales” y que “en los países donde se permite se ponen límites”, luego de lo cual lamentó que “aquí falta la voz de los sindicatos”.
Seguido, el fiscal general Jorge Di Lello resaltó que “el financiamiento debe ser público” y que “en el caso del aporte mixto el mismo tiene que ser amplio desde el punto de vista de los sujetos jurídicos” ya que “no hay aportes desinteresados”. Además, señaló la importancia de “tomar un coeficiente fácil para los aportes de campaña“ y de que “haya una autoridad partidaria responsable o que se contrate un contador”, al tiempo que resumió que el código de procedimientos debería ser de fácil interpretación y estar en relación con los códigos públicos.
Por último, la directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), Silvana Yasebek, centró su exposición en la importancia del control y el federalismo electoral, la transparencia y participación ciudadana, el enfoque de género y la integridad de los aportantes. En ese sentido, detalló la “diferencia de financiamiento de los partidos políticos- de carácter permanente- respecto del de las alianzas electorales- de carácter transitorio y naturaleza jurídica no clara” y destacó la “importancia de que los auditores contables residan en el distrito”. También afirmó que “compartimos la idea de fiscales especializados” y que “acercar a la ciudadanía a los procesos da más credibilidad y transparencia, no solamente en la figura de observador sino veeduría y auditoria”; luego de lo cual informó que “nosotros propiciamos la participación política de las mujeres y creemos importante que haya un financiamiento destinado para el liderazgo femenino”.
Finalmente, el responsable de Integridad en el Financiamiento de la misma institución, Diego Gamba, propuso que- como prevención- se podría “incluir a los partidos políticos y las alianzas electorales como sujetos obligados y así la Unidad de Información Financiera (UIF) podría emitir una regulación para que los mismos tuvieran elementos para requerir a sus aportantes la solicitud de licitud del origen de sus fondos”. Por otra parte, se refirió a la bancarización de los aportes a las campañas electorales para recomendar que “si lo que se quiere es conocer el origen del dinero y tener una correcta trazabilidad del aporte, creo que la ley que lo establezca debe prohibir que se reciban depósitos bancarios en efectivo porque un depósito no tiene trazabilidad”.
