El Gobierno de Mauricio Macri autorizó a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta US$ 20.000 millones y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales de Nueva York y Londres renunciando a «oponer la defensa de inmunidad soberana».
La información fue incluida este lunes en el Boletín Oficial, con la publicación del decreto 334/2017, que lleva la firma de la Vicepresidenta a cargo del Ejecutivo, Gabriela Michetti, del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del Ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Según los argumentos, la decisión responde a «una estrategia financiera integral y del programa financiero para el ejercicio 2017» que «estima conveniente aprovechar ciertas circunstancias de los mercados financieros internacionales a efectos de concertar operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior».
El decreto habilita a las secretarías a incluir «cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y/o de la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre reclamos que pudieran producirse en la jurisdicción».
De todas formas, el decreto aclara que esto no implica «renuncia alguna respecto de la inmunidad con relación a la ejecución» de «cualquier reserva del Banco Central», de cualquier bien público localizado en territorio argentino o en el país y que brinde un servicio público esencial, o los alcanzados por privilegios e inmunidad diplomática.
También quedan excluidos de la renuncia a la inmunidad soberana «efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago de la Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades públicas relacionadas con la ejecución del presupuesto».
Además, se excluyen de la posibilidad de embargo por falta de pago de las obligaciones contraídas los bienes utilizados por misiones diplomáticas, consulares y gubernamentales, los de carácter militar o de agencias de Defensa, los que representen «herencia cultural» argentina y otros bienes protegidos por «cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable
