El secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió el pago en 24 cuotas de la tarifas de gas para compensar a las empresas por la devaluación, durante una conferencia en la que también aseguró que que «el 70% de los hogares va a tener una factura promedio de $ 700», mientras que las cuotas serán de entre «$90 y $100».
«Como las diferencias fueron importantes, trasladar eso iba a tener un impacto muy grande. Como alternativa, en lugar de que fuera en seis meses propusimos que sea en 24 cuotas y que esté pesificado con una tasa pasiva del Banco Nación, la más baja del mercado, lo cual está reglamentado», justificó.
Además, afirmó que «si la ley prevé que se corrija la diferencia entre lo que se facturó del productor al distribuidor y del distribuidor al consumidor no es ilegal. En todo caso debemos sentarnos a discutir cómo hacemos para adelante para tratar de mejorarlo».
«La ley es clara, los distribuidores no deben ganar ni perder sino que son intermediarios en lo que es la transacción del gas respecto de los consumidores y para eso previene un mecanismo: los distribuidores como no saben cuánto se va a consumir en los siguientes seis meses, no tienen la obligación de anticipar la compra de todo el gas sino solo un 50% del gas a precio competitivo y transparente. Acá estaban esos contratos y eran claros. Siempre hubo correcciones que se trasladan al siguiente semestre y que en seis meses se pague la diferencia entre lo que se facturó y lo que se debía facturar y lo que pagaron los distribuidores en función del cuadro de Enargas», insistió el funcionario.
Más temprano, el fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el titular de la Secretaría de Energía Javier Iguacel por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, por haber dispuesto por decreto la compensación.
La denuncia, que cayó en el juzgado de María Servini de Cubría, pide una medida cautelar para suspender el “pago extra” en 24 cuotas a pagar a partir del próximo mes de enero que el Gobierno pretender imponerle a los usuarios. Según estimaciones, ya que el monto a pagar no fue informado, la resolución apunta a recaudar unos 10 mil millones de pesos que los usuarios deberían pagarle a las empresas distribuidoras de gas por la diferencia en el precio dolarizado del gas que le compran a las petroleras.
