Insaciable: El Gobierno tomo más deuda, ahora USD900 millones del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves un crédito por USD 900 millones, solicitados por la Argentina que serán, según aseguraron de Hacienda «destinados a respaldar la sostenibilidad de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público».

«El financiamiento fue aprobado luego de las negociaciones desarrolladas en octubre entre el Ministerio de Hacienda y el organismo multilateral. Se trata de la primera operación de un préstamo multifase de inversión por USD 1.500 millones que fortalecerán programas de educación, formación laboral integral y acceso al transporte público», comunicó el Ministerio de Hacienda.

«En este sentido, el financiamiento prevé fortalecer la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo; monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar; y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires», detallaron de la Cartera a cargo de Nicolás Dujovne.

Específicamente, el programa beneficiará a 235 mil personas del programa Hacemos Futuro llevado adelante por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 653.723 jóvenes de entre 18 y 30 años de las Becas Progresar del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y a 3.8 millones de personas que reciben la tarifa social del transporte público. Además, 360 mil beneficiarios tendrán la extensión de esa tarifa que impulsa el Ministerio de Transporte.

Entre las acciones previstas por la operación, se prevé asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte; y, avanzar en la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información.

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