Después de un año y medio, la Corte Suprema decidió qué juez intervendrá en una causa contra una diputada cordobesa de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari, que en la red social Twitter se preguntó si “falta mucho para que vuelvan los Falcon verdes”.
El máximo tribunal descartó que esa expresión apologética de la última dictadura pudiera ser un hecho capaz de “atentar contra el sistema representativo, republicano y federal”.
En consecuencia, dispuso que los dichos sean investigados por un juez provincial de la localidad cordobesa de Laboulaye, ya que se trata de “delitos de naturaleza común”, de los que no surge “que se haya puesto en peligro intereses federales, ni tampoco es posible apreciar ninguna otra circunstancia que determine la jurisdicción federal”.
El comentario de la diputada de Córdoba se realizó el 22 de octubre de 2020 y había preguntado: «Falta mucho para que aparezcan los Falcón verdes para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?«, y hacía referencia a los años más oscuros de la Argentina: la dictadura militar.
Por ese entonces, el dirigente social Juan Grabois acompañaba a Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere –con quien está enfrentada- en el Proyecto Artigas.
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Se trataba de una iniciativa de explotación agraria para el que se iba a utilizar una de las propiedades de la familia del dirigente en Entre Ríos, hasta que la Justicia local ordenó el desalojo del lugar, ocupado por Grabois y un grupo de seguidores.
En ese marco, la legisladora cordobesa publicó el tuit que motivó una denuncia penal y el posterior pedido de disculpas a través de la misma red.
Posteriormente, la diputada fue denunciada por las figuras penales de “instigación a cometer delitos y apología del crimen”, lo que derivó en una disputa por la competencia, es decir qué juez debía intervenir.
Ahora la Corte, siguiendo el criterio del procurador general interino, Eduardo Casal, ordenó que las expresiones de la diputada sean investigadas por un tribunal local.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
