Los reclamos tienen un frente en común, que es la exigencia de que se reduzcan los precios de la gasolina extra y el diésel a lo establecido en junio pasado. Las organizaciones sociales plantean también otras reivindicaciones particulares, que muestran un descontento creciente hacia el gobierno de Guillermo Lasso.
Sindicalistas, maestros, estudiantes, las bases del movimiento indígena y agricultores afines al Parlamento de los Pueblos iniciaron en la madrugada de este martes una “jornada de lucha y resistencia” en las provincias que puede extenderse en los siguientes días. La intensidad y el alcance de las manifestaciones dependerán de las respuestas del presidente Guillermo Lasso, ocupado también en estos días de los requerimientos judiciales y el escándalo desatado tras conocerse su mención en los Pandora Papers.
La marcha principal se dirigirá hasta el centro histórico de la capital Quito, llevando las demandas al Ejecutivo.
El Parlamento de los Pueblos se constituyó en octubre del 2019, tras el violento paro nacional por la derogatoria del decreto 883, con el que el expresidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles, aunque retrocedió en la medida debido a la crisis política social y económica que vivió el país en esos once días de descontento.
Ese colectivo agrupó al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) que encabezaron el paro en ese entonces. En la actualidad confluyeron otros sectores como la Federación de Nacionalidades Indígenas Evangélicas (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) (que respaldaban al expresidente Rafael Correa), entre grupos campesinos y agricultores.
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Los une la misma demanda de hace dos años: los precios de los combustibles. Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, estos colectivos exigían que derogue los decretos que fijan los costos de la gasolina extra y el diésel establecidos por Moreno.
El pasado 22 de octubre, el jefe de Estado anunció que suspendía el alza gradual, pero para los gremios sociales esta decisión es una “burla” porque elevó los precios y luego suspendió el aumento progresivo.
