Los dichos de Cristina Kirchner sobre los planes sociales y la posibilidad de modificar su instrumentación, para que tanto las provincias como los municipios administren estos programas, contó con impacto no solo en las agrupaciones, alineados y no alineados con el Gobierno, sino en todos los sectores políticos.
La puja por quién administra los planes no es nueva, pero en los últimos días retomó fuerza a causa de los planteos realizados por la vicepresidenta, que tuvo como principal destinario fue el Movimiento Evita, aliado del presidente Alberto Fernández, y enfrentado con la titular del Senado. Una relación que se rompió en 2016, con acusaciones mutuas y desconfianza plena, y que no tiene marcha atrás.
Incluso, desde la agrupación que tiene a Emilio Pérsico y Chino Navarro como referentes señalan que Kirchner mostró «errores de concepto» que generaron el malestar de todas las organizaciones. Un integrante del espacio ante IP sostuvo: «lo que existe hoy en día son salarios sociales complementarios, es un refuerzo a los ingresos de los trabajadores de la economía popular», espetó.
Cristina recibió un proyecto para convertir planes sociales en empleo
Los fuertes cruces entre ambos sectores se intensifican, pero también se suman a la polémica desde Juntos por el Cambio. Los intendentes opositores entienden que es el momento para rediscutir la finalidad de dicha política pública y tienen el terreno allanado para reafirmar su postura que empalma, en cierto modo, con la planteada por el kirchnerismo.
Uno de los que se expresó sobre la problemática fue Diego Valenzuela (PRO), intendente de Tres de Febrero: “Los programas sociales deben ser sin intermediarios, con un criterio de atienda la necesidad de cada beneficiario. También debe tener temporalidad, no pueden ser permanentes. Además, deben ser con la condicionalidad de un puente hacia el trabajo”.
“Yo hago esto en el municipio. Los beneficiarios que eligen la unidad de gestión municipal, que son una minoría, son integrados a un empleo y cobran un recurso extra a causa de esa actividad”, añadió.
Presidencia o conducción, el debate de fondo en el Frente de Todos
A su vez, se mostró de acuerdo con la chance de que los distritos gestionen los programas sociales, pero aclaró que “no deben ser para que los municipios hagan lo mismo que los movimientos sociales que lo hacen para hacer marchas y actividades políticas”.
“Esto surge por una interna política partidaria y es lamentable. El Potenciar Trabajo se convirtió en un sistema de contención y manipulación política. Esto se potencia por la interna del Frente de Todos. La actitud de la Vicepresidenta tiene la finalidad de atacar a los movimientos cercanos a Alberto Fernández. Tienen que ver con la puja de poder”, sostuvo.
Desde la Presencia de la Nación salieron a responder en torno al debate por los planes y la portavoz Gabriela Cerruti negó la versión sobre el traspaso de 180.000 beneficiarios a la órbita de provincias e intendencias. «No es correcta la información», sentenció.
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