La Comisión Intermaericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el accionar represivo que ejercieron las fuerzas de seguridad en las manifestaciones en contra de la reforma previsional a través de un comunicado.
En ese contexto, la CIDH llamó a las autoridades a «investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes», y exhortó al Estado a «garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social».
A la vez, puso el acento también en que «el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión».
Por otro lado, recordó que «la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente.
