Este viernes la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual confirmó que presentó ante la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pedido para que intervenga en la suspensión judicial del Decreto 690/2020, que declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (servicios TIC), una medida judicial impulsada por la empresa Telecom, del Grupo Clarín, por medio de una cautelar avalada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde la Defensoría se pidió al organismo de la ONU que se expida y “formule recomendaciones” al Estado argentino, en particular al Poder Judicial, partiendo de los llamados procedimientos especiales que facultan su actuación ante violaciones de derechos humanos fundamentales, como el acceso igualitario al servicio de Internet.
La denuncia firmada por la Defensoría que encabeza la periodista Miriam Lewin advierte a la Relatoría de la ONU que la decisión judicial que suspende la aplicación del decreto 690/2020 del Enacom para Telecom afecta derechos garantizados en tratados internacionales en tanto impide “el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital”. Y agrega: “Esta Defensoría considera que la declaración de servicio público de Internet, la regulación de las tarifas (del wifi hogareño, por caso) y de una tarifa social para acceder a Internet, medidas dispuestas por el Decreto 690/2020 actualmente suspendidas, reafirman el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia”.
La Defensoría sostiene además que la cautelar a favor de Telcom dictada en abril y prorrogada recientemente por otros seis meses, “afecta derechos reconocidos” que están salvaguardados por la Declaración Universal de los DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y concluye: “Esta Defensoría considera que la declaración de servicio público de Internet, la regulación de las tarifas (del wifi hogareño, por caso) y de una tarifa social para acceder a Internet, medidas dispuestas por el Decreto 690/2020 actualmente suspendidas, reafirman el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia”.
