La diputada chaqueña de Cambiemos Aída Ayala, quien posee un pedido de desafuero a raíz de una acusación por lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por renegociar contratos de residuos cuando fue intendenta de Resistencia, expuso su defensa en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Allí, ante la presencia de sus pares Pablo Tonelli (Cambiemos), Pablo Kosiner (Argentina Federal, Mario Negri (Cambiemos) y Gabriela Cerruti (FPV), entre otros, la legisladora afirmó que «no soy jefa de una supuesta banda dedicada a proveer al Estado. Esa empresa hoy trabaja bajo la misma figura contractual para Jorge Capitanich y con el gobierno provincial».
Y argumentó que su “único pecado” fue haber ganado las elecciones de Chacho el año pasado. «La licitación para concesión de servicios está prohibida por la Constitución de Chaco. Se trató de una licitación para el alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contenedores y una camioneta. Se hizo con la ordenanza vigente para contratar equipos y no tiene que pasar por el consejo», afirmó la diputada.
Las declaraciones motivaron la rápida respuesta de Analía Rach Quiroga (FPV): «La sociedad se creó una semana antes de la licitación. El 65% de las acciones son de Nilda Juárez, madre de Alejandro Fischer, empleado municipal que fue jefe de campaña de Ayala». «Con De Vido hubo una celeridad y se lo boleteó sin tener en cuenta todo lo que ahora se está considerando. Y a ambos los acusaban de lo mismo: obstrucción a la Justicia», manifestó ante esta situación la diputada Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria). “No nos ponemos a analizar si usted cometió delitos que le corresponde a la Justicia. El trámite actual apunta a la dilación», agregó.
Al cerrar el encuentro, el presidente de la comisión, Pablo Tonelli, afirmó que «en la brevedad» volverá a reunirse el cuerpo para «dictaminar» sobre el pedido de desafuero, ya que primero se debe analizar la causa judicial.
