Informe Político dialogó con Macarena Barriga, periodista de la sección economía del diario chileno El Mercurio, quien trazó un panorama de la coyuntura del país trasandino. En principio, destacó que existieron modificaciones con el cambio de signo político.
«La economía de Chile dio un giró de 180 grados, en lo que va de 2018 el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha logrado un firme crecimiento del país. En hechos concretos, por ejemplo, el Imacec (Indicador Mensual de la Actividad Económica) creció un 4,9 % en mayo respecto al mismo mes de 2017. Este es el mayor crecimiento registrado desde 2013, cuando se expandió 5,3%. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín dijo que el crecimiento sigue al alza, superando las expectativas. ¨Va apareciendo una economía que ha vuelto acrecer, que se esta poniendo de pie¨, señaló. El aumento provocó que los analistas proyectaran un crecimiento de 4% para este año. En cambio, en el quinto mes de 2017, el crecimiento del país llegó solo a un 1,3%. Así, en los primeros cinco meses del año pasado, la expansión de la economía acumuló solo un 0,4%, en comparación con el mismo período de 2016. En abril de 2017, el indicador anotó apenas un crecimiento de 0,1% respecto al mes del año anterior».
«El año pasado, la caída del crecimiento del país fue impulsada por los efectos que dejó la huelga de 43 días de la minera Escondida —que se situó como una de las más extensas en la historia de la minería chilena— en la que la paralización de las exportaciones de cobre causaron, según los expertos, perdidas por US$ 17 millones diarios. La mala situación se revertió y las óptimas cifras económicas —las cuales reflejaron políticas públicas que han impulsado sectores como la inversión—han ido en línea con las proyecciones del Banco Central», añadió la periodista en conversación con IP.
También, destacó que «la institución financiera a través de su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio proyectó un alza en la inversión de 3,6 % a 4,5% para 2018 y un crecimiento para el año de 3,25%-4,0%, cifras que superaron 3,0%-4,0% estimadas en marzo y que revelaron un aumento respecto a las de 2017 cuando la institución financiera señaló un crecimiento económico de solo un 1,5%-1,7% para ese año. Otro aspecto que cambió fue la nota crediticia. En julio de 2017, la agencia de calificadora de riesgo Standar & Poor´s ( S&P) bajó de “ AA-” a “ A+” por primera vez en 25 años, desde 1992 que el país es evaluado en los mercados globales. Las principales razones de la decisión de la agencia fueron el débil crecimiento económico, los incrementos en los niveles de deuda, entre otros. S&P incluso advirtió en su informe que si el crecimiento del país no mejora en los próximos dos años podría cambiar las perspectiva que tiene de “estable” a “negativa”. Esto llenó de criticas al Gobierno y a sus autoridades: se les atribuyó la baja en la nota debido a la mala gestión y se le dijo al ese entonces ministro de Hacienda Rodrigo Valdés que era una mancha negra en su curriculum. De hecho, el déficit fiscal del año pasado fue de 3,1% del PIB —US$8.166 millones— la mayor cifra obtenida desde la crisis subprime de 2009».
Barriga añadió en otro pasaje de la nota que «ante ese negativo escenario, las firmas Fitch y Moody´s continuaron con la rebaja de la nota. El 11 de agosto, un día después de que el Gobierno de Michelle Bachelet enviara su reforma de pensiones, Fitch rebajo la nota crediticia de “A+” a “A”. Su par estadounidense Moody´s también cambió la perspectiva de la nota de Chile desde “estable “ para “negativa” y mantuvo la nota soberana Aa3, la cual argumentó que se debió al perfil crediticio de la nación. La situación se calificó como grave ya que se transformó, según mi opinión, como ¨una señal de alerta¨ para las autoridades puesto que una baja en la nota crediticia provoca que el país sea menos rentable para la inversión de los analistas extranjeros y disminuya su imagen para hacer negocios. A los ciudadanos esto nos afectó en nuestra vida diaria, por ejemplo, aumentó la tasa de interés de los créditos hipotecarios. En marzo de este año, esta llegó a 3,54 % y sumaron seis meses consecutivos de alza».
«Pese al difícil panorama, el nuevo Gobierno logró que el país aumentara su crecimiento —con ello se obtienen más recursos— y aumentó la confianza y credibilidad en el sector privado. El ministro de Hacienda Felipe Larrain desde que asumió en marzo planteó como objetivo recuperar en los próximos dos años la clasificación de riesgo soberana que S&P bajó. El jefe de la billetera fiscal dijo en mayo en una entrevista a ¨El Mercurio¨: ¨Hemos planteado como objetivo recuperar la clasificación de riesgo, y para eso tenemos que hablar, mostrar los cambios que estamos haciendo¨. Las medidas que está realizando la nueva administración se reflejaron en hechos concretos. La semana pasada, S&P dijo que ¨un favorable crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile debería impulsar los ingresos del Gobierno y mejorar el balance fiscal, ayudando a estabilizar la carga de la deuda pública¨. Sin embargo, mantuvo la nota “A+” para la deuda en moneda extranjera con perspectiva estable. La compañía aclaró que una consolidación fiscal y recuperación gradual del dinamismo económico ayudarían a estabilizar las finanzas públicas chilenas. Los buenos comentarios de la firma deberían provocar que un corto plazo cambie la nota crediticia para Chile», analizó.
Consultada por los principales déficits de la economía chilena, la integrante de El Mercurio manifestó: «Me parece que una de las principales dificultades que heredó de la administración anterior el Gobierno de Sebastián Piñera fue un déficit estructural de 2,1% del PIB en 2017, cifra que representó US$ 1.100 millones. De hecho, el alza en la deuda generó un escenario de austeridad fiscal y causó que el presupuesto y gasto público del Gobierno fueran limitados respecto a la distribución de recursos en los ministerios. Ante el difícil escenario económico, la cartera de Hacienda se comprometió a reducir el déficit es 1,8% en 2018 y 0,2% anual a 2022, los cuales son parte de los planes de austeridad fiscal del ministerio, que en los cuatros años del Gobierno de Sebastián Piñera reasignarán casi US$4.600 millones recortados en gastos de consumo del Gobierno para financiar el programa cercanos a los US$13.500 en el período. A principios de junio, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín junto al Presidente Piñera firmaron un decreto, que ingresó a la Contraloría, el cual se de detalló que ¨la política fiscal debe estar enfocada en un manejo responsable de la deuda pública y de las inversiones de los activos financieros públicos, que permita recuperar los niveles de riesgo país y el bajo costo crediticio, velando por una carga tributaria adecuada y por el uso eficiente y transparente de los recursos públicos¨. El jefe de las finanzas públicas afirmó que la implementación de la política fiscal de balance estructural anunciada permitirá fortalecer la situación patrimonial neta del sector público durante la actual administración presidencial».
Y concluyó: «Los déficits —y que resultan inevitables—son las consecuencias que provoca la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En el caso de Chile, el año pasado el gigante asiático fue el principal destino de las exportaciones del país con US$ 18.293 millones seguidos por Estados Unidos con US$ 9.990 millones, en ambos casos se destacó el envió de cobre, el cual su precio es afectado con el conflicto comercial. Mientras el dólar aumenta de valor, el principal commodity del país se desprecia. Por ejemplo, ayer jueves cayó a US$2,9 la libra con una baja de 0,9% mientras que el dólar alcanzó los $656. En esta vereda, el jueves el peso chileno fue la quinta moneda que más se despreció con una baja de 0,63% respecto a la divisa estadounidense. La situación provoca que al país ingresen menos dólares y baje el precio de las exportaciones».
