Un informe de la Sigen señaló que durante el gobierno de Mauricio Macri se compraron 5 aviones para la Armada, con una inversión de casi 14 millones de euros. Los estudios de la propia fuerza desaconsejaban la compra.
Parte del informe de 35 páginas de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), relata que había informes preliminares de la propia Armada Argentina, destinataria de la compra, que ponían un llamado de alerta sobre el estado de las aeronaves.
El organismo encargado de la compra fue el Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, que concretó la operación en mayo de 2019. Desde la Armada, que venía de la tragedia del ARA San Juan, perdido en noviembre de 2017 y encontrado un año después a 900 metros bajo el mar, nunca se pudieron utilizar los aviones porque “no estaban operativos”.
El documento de la Sigen es el resultado del análisis de la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, entre los años 2016 y 2019, durante la gestión de Aguad.
Parte de eso fueron los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco (5) aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro (4) buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).
En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”. La propia “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”, destaca el documento.
El SEM es un cazabombardero de origen francés con capacidad para operar desde portaaviones que fue presentado a finales de la década del ochenta. La Armada, tenía el objetivo de incrementar el entrenamiento en unas 300 horas de vuelo anuales para evitar, además, que emigren a la actividad aerocomercial.
Pero en la auditoría de la SIGEN se señala que funcionarios con poder de decisión final en las compras hicieron caso omiso a los informes técnicos de la Armada que alertaban sobre el estado de las aeronaves. Entre otras consideraciones se había descripto que, antes de la compra, resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar el funcionamiento de las aeronaves, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.
Pero el problema radicaba en que muchos de esos repuestos eran de origen inglés, con la restricción de compras militares luego de la Guerra de Malvinas en 1982.
Otros problemas, señalados en el informe, eran el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.
“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, indica el material de la Sigen.
A pesar de los informes, el ministro Aguad procedió la compra a Francia “acompañadas con su documentación de seguimiento técnico junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio final de compra de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- fue de € 12.550.000, efectuado en una única transferencia bancaria.
El Gobierno de Macri asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos. Para eso, a través de la Licitación Privada N° 005/17, se tramitó el servicio de transporte puerta a puerta de los cinco aviones más todos los complementos por un total de € 1.346.255, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.
Con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito – OPV “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.
En el informe de la Sigen se planteó la necesidad de ”establecer, que las áreas intervinientes que participan en las contrataciones, cumplan de manera apropiada con la normativa vigente, con el fin de que todo el proceso desde la solicitud hasta la finalización del contrato se encuentre respaldado con la documentación e información oportuna y necesaria para un adecuado control y seguimiento del mismo, generando mayor transparencia en el proceso que nos ocupa”.
Todo el documento elaborado por la Sigen, también fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.
