La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia para tratar el pedido hecho por Cambiemos sobre la consulta popular impulsada por el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, para acceder a un tercer mandato. Según se estableció, el encuentro será este viernes 25 de enero a las 13 horas.
Los legisladores de la alianza que es oficialismo a nivel nacional Héctor Olivares y Marcelo Wechsler, con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra, solicitaron al máximo tribunal que suspenda la consulta popular para convalidar la re reelección por entender que la convocatoria es «inconstitucional».
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Según establece el artículo 120 de la constitución riojana, el gobernador y el vicegobernador «podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período». Casas fue vice de Luis Beder Herrera (2011-2015) y fue elegido mandatario en 2015. A fines de 2018, logró que la legislatura apruebe una enmienda de la Carta Magna que lo habilita a presentarse a un tercer período al mando de la administración pero debe ser convalidado a través de un plebiscito.
Por su parte, el gobierno de La Rioja cuestionó a la oposición por “menoscabar los derechos del pueblo y la autonomía de la provincia”. “Se pretende a través de un pronunciamiento judicial, inducido en base a mendaces argumentos, lograr objetivos de esta naturaleza y con ese calificativo, como por ejemplo cuando se tergiversa el alcance de la Ley de Enmienda aduciendo que se abre la posibilidad de la reelección indefinida del cargo de gobernador”, manifestó en un comunicado.
Sobre este tema también se manifestó, el pasado lunes, la Procuración General de la Nación, que determinó que la CSJN no debería intervenir en el pedido de Cambiemos para frenar la consulta popular sobre la re-reelección del gobernador Sergio Casas en La Rioja. El máximo tribunal había pedido el dictamen en este proceso, aunque no es vinculante.
Laura Monti, Procuradora fiscal, afirmó que el máximo tribunal del país no posee “competencia originaria” en el tema y dictaminó que “es ajeno” al proceso de reforma constitucional.
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