Los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires dicen que el presupuesto «no alcanza» para cubrir las necesidades del sector. Además, reiteraron que los sueldos del sector siguen «por debajo de la línea de pobreza».
«Vemos con preocupación que el presupuesto para salud no registra modificaciones en relación al del año pasado. Las paritarias fueron firmadas con sueldos de camilleros por debajo de los 100 mil pesos», planteó el enfermero del Hospital Durand y delegado de ATE, Héctor Ortiz.
Además, el referente sindical recordó que siguen en «estado de alerta permanente» y reiteró que está vigente el reconocimiento a la carrera profesional de los licenciados en Enfermería, un tema que está judicializado y en el cual el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene apelado un fallo de la jueza Patricia López Vergara.
La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), presentó un amparo ante la Justicia porteña para ser reconocidos como profesionales de la salud, que obtuvo un fallo favorable por parte de la magistrada al declarar la «inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 6 y 7» de la ley 6.035.
Ortiz planteó que no hay un esfuerzo por parte del Gobierno porteño para que los trabajadores del sistema público de salud «alcancen la canasta familiar». El dirigente se refirió de este modo a la estimación del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que proyecta asignar un 16.5% del presupuesto total de la Ciudad para financiar el sistema sanitario del distrito en 2023.
Otra de las voces que se expresaron en esa misma línea, fue la del residente del Hospital Penna e integrante de la agrupación social «Marrón», Franco Capone, aseguró que si bien se consiguió un aumento para los médicos residentes de la Ciudad en diciembre pasado, ese incremento seguramente «se verá licuado por la inflación».
El 15 de diciembre, luego 21 días de protestas y paros, los trabajadores agrupados en la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA consiguieron un aumento salarial del 99% para 2022.
De todos modos, ese acuerdo no contempla a los médicos concurrentes, que siguen sin recibir un salario formal ni tienen cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
«Quedó pendiente el tema de las concurrencias. Conseguimos que les den un seguro por parte del Gobierno porteño, pero no es una ART. Todavía no tienen un salario. Vamos a seguir peleando este año», aseguró Franco Capone en declaraciones a la agencia Télam.
«Se viene un 2023 con muchos problemas y eso repercutirá en en el área de salud, por más de que hayamos logrado un aumento salarial», señaló Capone y agregó que hay dificultad para acceder al sistema de salud público por falta de turnos.
«En la Ciudad existe una salud para ricos y una salud para pobres, quienes hacen lo que pueden mientras quien tiene plata elige dónde y cómo atenderse».
Tanto desde ATE y la asamblea de Residentes y concurrentes CABA coincidieron que a partir de febrero iniciarán nuevas asambleas y reuniones para definir los próximos pasos.
Otro de los focos de las denuncias tiene que ver, además de la situación en los Hospitales, con lo que ocurre en los Centros de Salud y Acción Comunitaria de la Ciudad (CeSAC) que realizan atención primaria a la comunidad.
Trabajadores del CeSAC 31 del barrio de Flores relataron la semana pasada el cierre del lugar por el riesgo edilicio que presentaron las instalaciones y exigieron al Gobierno de la Ciudad una «respuesta acorde a la gravedad de la situación».
«Las puertas del CeSAC están cerradas de forma indefinida. La razón del cierre es la precariedad edilicia histórica, que se agravó en el último tiempo», indicaron a través de un comunicado sobre el centro situado en María Janer y Agustín Vedia, vecino a la Villa 1-11-14.
