La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una serie de fallos sobre cuestiones previsionales que podrían tener un fuerte impacto en las arcas nacionales. En su nueva etapa con Carlos Rosenkrantz como presidente, que comienza a partir de octubre, el máximo tribunal tendrá para evaluar por lo menos tres fallos cruciales sobre jubilaciones.
En uno de los casos en cuestión deberá decidir si es legal descontar de las jubilaciones el Impuesto a las Ganancias, lo que afectaría a más de 100 mil beneficiarios. El caso llegó a la Corte tras la apelación de la Anses a un fallo de Cámara que marcó que no debían pagarse.
Otra de las causas deriva de una polémica sobre las fórmulas aplicadas para actualizar las jubilaciones, donde la Corte deberá decidir si convalida el índice de actualización a través del Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), que se utilizó para calcular la Reparación histórica, o si se hará en base al Isbic (basado en los salarios de la industria y la construcción), que es el índice utilizado por la Justicia para calcular los salarios.
Por último, también deberá resolver sobre el caso de los jubilados que no fueron alcanzados por la reparación histórica y en la cuestión de fondo del debate en torno a los mecanismos para la movilidad definidos por la polémica reforma previsional aprobada en diciembre pasado. En este caso, deberá definir si es constitucional la aplicación del nuevo esquema a partir de marzo, como efectivamente se hizo.
Se especula con que la CSJN optará con fallar a favor de los jubilados pero estableciendo un alcance limitado para la decisión, buscando que la decisión no sea generalizable a todo el universo de posibles reclamos, para evitar una oleada de planteos judiciales que pueda complicar aún más la difícil situación financiera del Gobierno.
Si esta semana hay acordada de la Corte, podría producirse un fallo en la última semana de la presidencia de Ricardo Lorenzetti. El debate previsional también tendrá un impacto en las jubilaciones de los propios magistrados, que podrían aprobar el aumento de los aportes y modificaciones en la edad jubilatoria. Desde el Gobierno se les envió una propuesta que apunta a reducir el 82% móvil que cobran actualmente a 75%, que es rechazada tanto por los magistrados como por el gremio de los judiciales. Otro tema delicado que se incluye en la propuesta oficial tiene que ver con que los secretarios que ascienden a jueces deban pagar el Impuesto a las Ganancias, una propuesta frente a la que Asociación de Magistrados logró una medida cautelar.
