La incertidumbre por el futuro de las sedes del Gobierno porteño y del ministerio de Cultura, que se ubican en Bolivar 1, continúa. Distintas versiones periodísticas indican que la administración Larreta podría vender la construcción (considerada patrimonio histórico) en 30,7 y 20 millones de dólares respectivamente aunque desde el oficialismo no han confirmado la información.
Por lo pronto, los legisladores Servio Abrevaya (GEN) y Gabriel Solano (FIT), entre otros, presentaron pedidos de informes en el Parlamento para indagar sobre el tema. En diálogo con Informe Político, el hombre que pertenece al espacio de Margarita Stolbizer indicó que «por distintas publicaciones en diversos medios, se tuvo conocimiento de la presentación de las propiedades con sus respectivas valuaciones en la MIPIM de Cannes. El pedido de informes se hace para que el Ejecutivo corrobore o rectifique la información. Es decir, se le pide que confirme si lo hizo o no y con qué fines».
«Hasta el momento, de los cuatro expedientes presentados, se está intentando generar un solo texto consensuado. Es inconcebible, de ser cierto y confirmada la presencia del GCBA en la Feria de Inversiones Inmobiliarias con un abanico de ofertas de inmuebles, que se imagine poner en venta u ofrecer para su uso los edificios de Bolívar 1 y La Prensa, sin respetar la historia ni tener autorización”, añadió Abrevaya.
En tanto que Solano manifestó en conversación con este medio: «La noticia nos tomó por sorpresa. En la feria de Cannes salió ofertado y ya tenía un precio de venta según las versiones. Y se destinaba una función de esta construcción histórica, que era para una cadena hotelera internacional. Nos parece gravísimo porque son dos edificios que cuentan con protección del gobierno de la Ciudad, son monumentos históricos y están alrededor de Plaza de Mayo. Entonces, no son edificios que puedan ser enajenados para este tipo de objetivos comerciales».
Luego, el integrante del Frente de Izquierda sostuvo que «la Legislatura nunca votó la venta de esos bienes, algo que le corresponde al Parlamento. El Poder Ejecutivo nunca dio una respuesta. Ante nuestro pedido de informes, no hay respuesta oficial sobre el tema. Ni siquiera una desmentida. Y si fuese mentira, tendrían que explicar por qué privados andan ofertando el patrimonio de la Ciudad sin autorización. Le damos credibilidad a lo que salió en los medios porque estamos ante una política sistemática del Gobierno de la Ciudad que vende activos que tiene. Doy un ejemplo: este Gobierno votó la venta del edificio de rentas de la Ciudad, en la calle Viamonte. Y siempre está la excusa de que se lo vende para que con los fondos disponibles se cumpla un objetivo social. Sabemos que es una excusa, no se puede condicionar la urbanización de villas a la enajenación del patrimonio de la Ciudad».
