Larreta tiene listo el proyecto de ley para aprobar un polémico convenio urbanístico con IRSA

El Gobierno de la Ciudad ya dispone del proyecto de ley que aprueba el convenio entre el GCBA y el Grupo IRSA para la construcción de edificios de lujo en la zona de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, en Costanera Sur.

De acuerdo a la iniciativa, que deberá aprobar el parlamento en la próxima sesión ordinaria, algo que se descuenta dada la mayoría holgada que dispone el oficialismo, en su artículo 1 se indica: «Apruébase el convenio urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley».

También se establece, en el artículo 6, que «los recursos correspondientes al Convenio Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente ley, provenientes de la aplicación de los derechos de estudio, análisis y/o localizaciones referidas al Código Urbanístico, establecidos en el artículo 119 de la Ley Tarifaria vigente, deberán ser aplicados exclusivamente a gastos de Innovación, Ciencia y Tecnología».

Y en el séptimo: «Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de incorporar al presupuesto vigente las disposiciones emergentes de la aplicación de la presente Ley. Las modificaciones crediticias resultantes de la aplicación de la presente Ley quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347)».

En caso de que la propuesta obtenga aprobación en la Legislatura, el grupo IRSA podrá construir un barrio de lujo frente al río. Precisamente, se denominará Costa Urbana y se contempla el armado de torres, centros comerciales, hoteles, oficinas y diversos canales de agua en un predio lindero a la avenida Costanera Sur. Incluirá una laguna interna.

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Ante Radio Cooperativa, el legislador porteño Javier Andrade (FdT), anticipó que el principal bloque opositor no apoyará la iniciativa ya que «los emprendimientos inmobiliarios de lujo lo único que hacen es encarecer el suelo y provoca dificultades para acceder a la vivienda”.

Distintas organizaciones sociales también se oponen ya que «de avanzar esta propuesta se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común».

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