La querella le pidió a la Cámara Federal de Casación que confirme las condenas al exsecretario de Seguridad del Gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, por las muertes de diciembre de 2001, en el contexto del estallido social.
El lugar común es decir que si la Justicia tarda tanto, no hay justicia. La frase cabe perfecto cuando se piensa en los hechos de diciembre de 2001, cuando en medio de una feroz represión contra el estallido popular en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, al menos 39 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad .
En este caso, limitado a apenas 5 muertes de las 6 ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, fueron condenados en primera instancia, en 2017, dos responsables directos de los hechos.
Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que precedieron a la renuncia del fallecido Fernando De la Rúa, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.
Inicialmente, en mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 había condenado a Mathov a 4 años y 9 meses de prisión y a 4 años a Santos, pero estas penas se recalcularon por orden de Casación.
Ahora, la querella por familiares de víctimas reclamó a la Cámara Federal de Casación que confirme las condenas y las defensas del exsecretario de Seguridad y del exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, pidieron directamente anular las penas.
Lo hicieron al exponer en una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom que mantuvieron ante la Sala I del máximo tribunal penal federal del país. Tanto Mathov como Santos asistieron a la audiencia virtual, al igual que familiares de victimas y heridos durante la represión policial que derivó en la renuncia de De la Rúa.
«Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos», sostuvo el abogado del CELS, Rodrigo Borda, querellante por los familiares de tres fallecidos ese día y 25 heridos.
Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma, integrantes del tribunal, quedaron en condiciones de resolver si confirman los nuevos montos fijados.
«Sin lugar a dudas pretender bajar aún más la pena es un despropósito, perdón el énfasis, no puedo evitar decirlo de manera menos enfática», dijo el abogado Borda, al oponerse a cualquier tipo de reducción de penas.
Insistió que «hace falta» que la Justicia «se pronuncie en forma definitiva» a casi 20 años de los hechos.
«Debe cumplirse con el objetivo de una sentencia definitiva en tiempo y en forma, la defensa ya tuvo éxito en la impugnación de las penas, es un circuito de impugnaciones para que nunca quede firme la pena», analizó el letrado.
«Esta sentencia tiene que ver con el valor que se le otorga a la vida perdida, las vidas de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón y la integridad física de todos los heridos tiene valor.», concluyó
En algunos casos «el daño es irremediable y no me refiero sólo a los homicidios , me refiero también a las lesiones. No se puede seguir menospreciando ese valor con penas aún más a la baja», afirmó.
Por su parte, las defensas argumentaron su planteo y en el caso del exSecretario de Seguridad, su abogado Jorge Valerga Aráoz señaló además que el delito está prescripto y le pidió a Casación posponer cualquier decisión hasta que pueda manifestarse sobre este punto, a estudio todavía en el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6.
«Mathov actuó sin el conocimiento propio del dolo, fue un delito imprudente», agregó al remarcar que el ex funcionario «mantuvo su vida paralizada hace 20 años por esta acusación»
«Hace 20 años que está penando por este proceso» dijo el abogado y pidió que «se tenga en cuenta la pena natural que ha sufrido Mathov, estuvo preso seis meses , hace 20 años que pesan sobre él restricciones patrimoniales, no puede salir del país,tiene que pedir permiso».
Adolfo Vázquez, a cargo de la defensa de Santos, sostuvo que la condena no está firme y sostuvo que el ex jefe de la PFA «actuó convencido de estar actuando a derecho».
«No tuvo en cuenta el Tribunal Oral que los hechos se dieron en un contexto único, sin precedentes del 20 de diciembre de 2001», acotó al coincidir en que Santos también es víctima de una «pena natural porque está sometido a proceso hace 20 años»
Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, son los 5 nombres de los asesinados por los que aún se discute las condenas a Mathov y Santos. Por diversas razones, el caso de Rubén Aredes, 24 años y asesinado por la Policía Federal mientras participaba en un corte de calles en Ciudad Oculta, quedo afuera de los juicios por los muertos en CABA.
Como quedaron afuera de cualquier imputación, para abajo, los policías que dispararon, en una trágica remake de la obediencia debida.
Y como también quedaron afuera el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, muerto en 2003 y Fernando De la Rúa, que falleció en 2019, en medio del olvido y la injusticia.
Además de los muertos, de los que solo se analizaron judicialmente los casos de los asesinados en la Ciudad de Buenos Aires, quedaron cientos de heridos. En el nombre de uno de ellos está la metáfora perfecta, que ni al más ingenioso guionista de las series de moda se le hubiese ocurrido. Es Martín Galli, que desde ese 20 de diciembre de 2001, lleva incrustada una bala en su cabeza, justo en el medio de los dos hemisferios cerebrales. Una bala que entró desde atrás y no logró salir de su cráneo.
Cualquier parecido con la falta de justicia que se nos ha metido en la historia y no ha logrado salir, no es mera coincidencia.
