El gremialista favorito de Mauricio Macri, el peón rural Geronimo “Momo” Venegas, seguirá siendo investigado en la causa llamada «mafia de los medicamentos» ya que el juez federal Sebastián Casanello rechazó su sobreseimiento. La investigación recae también en el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar,
Al sindicalista y al intendente de Cambiemos, se los acusa de falsificación de unos 25 expedientes médicos para el suministro de drogas de alto costo que era subsidiado por los programas especiales (APE) del Ministerio de Salud, por la cual se le entregaba dinero por medicamentos que no eran entregados a las obras sociales.
Para Casanello, en esta causa «aún restan medidas de prueba por producir, como por ejemplo, el Análisis de la documentación recolectada y el entrecruzamiento de información entre los estudios periciales scopométricos, los expedientes APE cuyos troqueles resultaron apócrifos y los tratamientos médicos recibidos por los pacientes afiliados a OSPRERA».
«Con el devenir de la investigación se arribó a la sospecha de que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), era una de las obras sociales que formaba parte de la cadena de comercialización ilícita de sustancias medicinales que estaban destinadas a programas especiales de distribución gratuita por el Ministerio de Salud de la Nación», sostuvo el juez.
Por su parte, el intendente macrista aseguró al portal Visión Regional de San Pedro, que «evidentemente se acercan tiempos políticos y Casanello quiere desempolvar esta causa». «Esto es una megacausa donde estaban involucradas varias obras sociales, incluso a Venegas lo llevaron detenido por esto», insistió el jefe Comunal.
«Después descubrimos como fue, que un médico había metido en un estante de la obra social ese medicamento y denunció y por eso hicieron un allanamiento», justificó Salazar quien afirmó que presentaron “toda la trazabilidad de los medicamentos. Nos intervinieron la obra social prácticamente por 6 meses durante la época del kirchnerismo, buscaron pruebas, expedientes y nunca jamás encontraron ninguna prueba, por lo que Oyarbide dictó el sobreseimiento».
