Luego de conocerse detalles sobre el acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado nacional Felipe Solá consideró que las condiciones impuestas a nuestro país para el préstamo de 50 mil millones de dólares son “más severas que las impuestas a Grecia”. Y anticipó que el presidente Mauricio Macri no cambia de rumbo “reviviremos el 2001”.
El referente del Frente Renovador añadió, durante una entrevista concedida este sábado, que “las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa, el final es previsible, volver a transitar una crisis extrema. El acuerdo y sus condiciones implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001”. “Es fundamental trabajar para que nuestro país deje de exportar ahorro nacional e importe deuda externa como único objetivo de gobierno”, subrayó Solá.
El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires también sostuvo que “no hay un único camino como el gobierno desea imponerle a la sociedad”. Y agregó: “Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la efusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales”. En este sentido, Solá llamó a construir consensos políticos y sociales que permitan frenar los intentos de “imponer políticas de un brutal ajuste”.
En cuanto al acuerdo firmado por el Gobierno con el organismo financiero internacional, rechazó particularmente el punto que abre la posibilidad a la venta de partes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad e la Anses porque este “representa la garantía de jubilados y pensionados” y su entrega implicaría “privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP”.
Otros de los puntos del acuerdo con el Fondo que fueron explícitamente cuestionados por Solá fueron la decisión de bajar el déficit fiscal primario por la vía del recorte de inversiones en infraestructura y desarrollo “porque le resta vigor a cualquier proyecto de desarrollo futuro sin bases que los sostenga” y la perspectiva de “cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años”.
