Omar Perotti, el único senador que aun no había definido su voto, aseguró que «todo sabemos lo que va a pasar hoy», mientras que desde su entorno afirmaron que el santafecino se abstendrá, por lo que se mantiene la diferencia de 6 votos entre verdes y celestes.
A su vez, Perotti insistió con su propio proyecto, el cual aseguró que está en «reserva», para ser tratado luego de la votación del que vino de diputados. El senador pidió no «votar el no, por el no» y dejar de lado la visión binaria de la política. A su vez, la iniciativa «intenta correrse de la falsa antinomia de ‘aborto sí o aborto no’ para centrarse en garantizar al efectivo cumplimiento de la ley»: Se permite el aborto en los casos de riesgo para la vida o salud de la persona gestante, en casos de embarazo producto de abuso sexual o violación, y en los casos en que el feto es incompatible con la vida extrauterina.
En el caso de que la mujer acceda a abortar por fuera de esta causales será castigada con la cárcel, aunque reduce la sanción de 3 meses a un año de prisión (cuando la legislación vigente plantea penas de uno a cuatro años de cárcel). Además deja en manos del juez la posibilidad de eximir la pena o dejarla en suspenso, teniendo en cuenta las razones que la llevaron a practicarse el aborto, «su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias».
«No dejemos a la mujer en el mismo lugar que tenía antes de este debate», afirmó Perotti en el recinto, mientras que desde su equipo explicaron que «el proyecto como vino de diputados no es una opción pero tampoco lo es votar por el no para que quede todo igual».
«Si bien desde su posición personal no acompaña el aborto, está convencido que hay que avanzar en la despenalización porque no se puede negar la realidad de los abortos clandestinos y reconocer que existe un problema de salud pública que atender. Por eso va a insistir con su proyecto convencido de que de esa discusión va a surgir algo positivo», agregaron.
A su vez, la neuquina Lucila Crexell tiene su propio dictamen el cual apunta específicamente a «una solución intermedia» a la problemática de las interrupciones clandestinas de embarazos. Su propuesta plantea cambios en el Código Penal, eximiendo de la cárcel a las mujeres que aborten hasta la semana 12 del embarazo, siempre y cuando las prácticas sean realizadas por un profesional en un establecimiento de salud.
La realidad social, según su punto de vista, «amerita alternativas intermedias que contemplen este acuciante problema que conlleva riesgos significativos para la salud y la vida de un gran número de mujeres que habitan este país». A su vez, estableció que se debe considerar al aborto como delito a partir de la semana 13, con penas de tres meses a un año de prisión, aunque excluye los casos en que se realicen porque representan un peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, o cuando el embarazo fuera producto de una violación.
A su vez, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky indicó que una chance que existe es llamar a una consulta popular: “Cuando hay una Cámara que opina de una manera y otra que piensa de otra manera, en caso de que sea rechazado, demuestra que la representación del pueblo en el Congreso está dividida”. “Eso amerita, tal vez, un sistema de decisión a través de la democracia directa que prevé la Constitución a través de la consulta vinculante. Es posible que propondramos esto”, subrayó.
