Al Gobierno nacional le alcanzó un DNU que fue publicado en la mañana del miércoles para establecer que, en el marco de un conflicto docente sin resolución aún, se vuelve a extender la eximición del pago de contribuciones patronales para los colegios privados.
El decreto señala que si los aportes se gravan a quienes brindan servicios educativos se generarían un efecto recesivo en las distintas jurisdicciones, lo que se contrapone con los objetivos de optimización de calidad educativa y generación de empleo.
También, se apunta a que la aplicación de las contribuciones patronales «provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país».
