Dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal avalaron que su colega Gustavo Hornos, uno de los visitantes asiduos de Mauricio Macri a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, siga interviniendo en una causa donde el propio expresidente está imputado.
Se trata del expediente en el que María Servini investiga amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, y que tiene como prófugo a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón. Este viernes los camaristas Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi señalaron que no hay motivos suficientes para sostener que «la intervención» de su compañero de tribunal «pueda vulnerar la garantía de imparcialidad».
Una semana atrás el Tribunal Oral Federal 8 había cuestionado tanto a Hornos como a Mariano Borinsky al resolver en la causa Memorándum, a raíz de sus contactos con Macri, que no había dudas de su falta de imparcialidad al menos en ese emblemático expediente.
Por su parte, el mismo Hornos se había excusado en la causa por «motivos graves de decoro y delicadeza». Cabe destacar que el juez visitó a Macri al menos ocho veces durante su gobierno y en momentos en los que debía tomar decisiones judiciales sobre las que el propio exmandatario mostraba públicamente interés. Ahora debe decidir asuntos en los que Macri se encuentra involucrado.
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Esto generó polémica en las redes sociales. «Para los amigos, blanqueos, tarifazos, partidos de tenis, absoluciones humanitarias. Para los enemigos, cárcel», manifestaron diferentes personalidades.
Esto se debe a que mientras iban presos dichos empresarios debido a sus deudas fiscales, el gobierno macrista impulsaba un blanqueo, al que adhirieron su hermano, su madre y un exministro de economía, entre otros.
En la causa son investigados Macri y otros exfuncionarios como su exjefe de asesores José Torello, el exvicejefe de gabinete, Mario Quintana, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova, entre otros. Rodríguez Simón, por su parte, pidió refugio político en Uruguay cuando debía presentarse a la indagatoria y se quedó, en rebeldía, en el país vecino.
El eje de la causa es la persecución a Cristóbal López y Fabián De Sousa, a través de presiones y del intento de desapoderarlos de sus medios de comunicación durante el gobierno de Macri, utilizando dependencias públicas con fines privados. La causa tiene un procesado ya, que es Sebastián Paladino, exsubdirector de recaudación de AFIP.
