Luego de la conferencia de prensa de este lunes en la que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano justificaron el accionar del grupo Albatros que culminara con este sábado con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, desde redes sociales le recordaron a la ministra las épocas en que lideró la campaña por la derogación de la Ley antiterrorista aprobada por el kirchnerismo.
Desde el oficialismo se viene construyendo un discurso respecto del accionar violento de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que han definido en diversas oportunidades como un grupo terrorista, que no respeta símbolos nacionales ni la ley argentina y que incluiría la lucha armada entre sus principios. En la conferencia de prensa del lunes, al ministra afirmó que “los grupos mapuches han tomado la violencia como forma de acción política” y que “no va a haber diálogo con grupos violentos”.
Más allá de la insistencia oficial en el peligro del terrorismo mapuche, monseñor Juan José Chaparro, obispo de la Diócesis de San Carlos de Bariloche, alguien que se presume hondamente informado de la vida de su comunidad, puso en duda todas estas afirmaciones al afirmar: «El RAM no sé qué entidad tiene. Se está armando un enemigo. Yo no conozco su existencia».
Facundo Jones Huala, líder mapuche, se encuentra detenido en nuestro país hace meses, esperando para ser extraditado a Chile por presuntos atentados en aquél país. En Chile funciona y se aplica una durísima ley antiterrorista, que se utiliza frecuente contra los reclamos de las comunidades mapuche.
Una #LeyAntiterrorista como esta fue aplicada en la Chile de Pinochet contra la comunidad Mapuche
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 20, 2014
La llamada Ley Antiterrorista fue aprobada en 2007 en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional pero el articulado más polémica dejaba abierta la posibilidad de que se aplique contra individuos o grupos vinculados a la protesta social ya que en el artículo 213 se afirmaba: “Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
En 2014 la entonces diputada Patricia Bullrich, que presidía la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, impulsó la aprobación de un dictamen de comisión para derogar la ley: “Mañana sacaremos dictamen para derogar la abusiva y discrecional ley antiterrorista , una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas, como el caso de Pablo Suárez de Santiago del Estero”. Entonces Bullrich denunciaba que la Ley era “usada como pantalla” por el kirchnerismo “para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país”. También se cuestionaba directamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había amenazado con aplicarle la ley a la empresa Donelley, entonces en conflicto con sus trabajadores.
La entonces diputada Laura Alonso, actual titular de la Oficina Anticorrupción, también apoyaba la derogación de la ley, argumentando: “Estamos ante una ley que amenaza la libertad de las personas físicas o jurídicas: va en contra de los que protestan, los que piensan distinto y también contra una empresa que quiebra. Desde el primer día, el PRO se opuso”.
A 24 horas de la justificación del accionar represivo de las fuerzas federales en la Patagonia, las redes sociales le recordaron a Bullrich su crítico posicionamiento anteriores, cuando denunciaba el peligro de que el Gobierno utilice la Ley para “inventar terroristas”.
En este sentido vale la pena recodar que, más allá del discurso político y mediático, no se ha presentado una prueba respecto del accionar terrorista o el armamento de un grupo de tan dudosa existencia como RAM y sí se han realizado numerosas detenciones a gente que “piensa distinto”, a veces por acciones tan irrelevantes como hacer alguna publicación crítica contra el gobierno en Facebook o Twitter.
