Luego de la brutal represión policial en la provincia del norte de nuestro país y bajo el mandato de Gerardo Morales, hubo repercusiones a nivel nacional y denuncias recibidas, es por esto que la Secretaría de Derechos Humanos Argentina pidió a la justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes.
La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.
Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones.
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También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.
El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el poder Judicial.
La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
Sin embargo, este martes, efectivos de la Policia de Jujuy se despliegan en la localidad de Perico para reprimir a manifestantes que exigen la renuncia del Gobernador Morales y la derogación de la reforma constitucional, reportó Agencia Latinoamérica Avanza.
Por otra lado, Milagro Sala, la dirigente de la Tupac Amaru y presa política desde hace más de 2.700 días denunció que fue comunicada anoche, de manera “intempestiva” de una junta médica por su estado de salud.
El procedimiento se llevó a cabo con una serie de irregularidades como haber sido convocada sin motivos y realizada fuera de su hogar, donde permanece detenida en prisión domiciliaria.
Tras un hábeas corpus, se suspendió el procedimiento, aunque advierten que se pueda repetir en otra ocasión.
