Margarita Stolbizer, ex diputada nacional y referente del Partido GEN, volvió a la carga con las denuncias de corrupción, pero esta vez sus ataques no se dirigieron contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino que se enfocaron en el Gobierno de Mauricio Macri. La Asociación Civil “Bajo La Lupa”, que preside la exlegisladora, hizo público un relevamiento de contrataciones de servicios de consultoría privada de diversos ministerios y organismos oficiales durante los últimos dos años en el que quedan en evidencia “sobreabundancia de estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente”. También se denuncian numerosos “conflictos de interés en la contratación de empresas como así también incumplimientos en lo relativo a la normativa vigente”.
Según el informe, el Gobierno invirtió más de 174 millones de pesos en consultorías, con muchas empresas que aparecen contratadas recurrentemente (en muchos casos las mismas que solían prestar servicios a la Ciudad de Buenos Aires antes de 2016). Desde la Asociación Civil advierten que “se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas que las consultorías contratadas; por lo que dicha contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado”. También se señala que e muchos casos “los pliegos no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de millonarias contrataciones de servicios de consultoría”. El informe denuncia “incumplimiento respecto de las limitaciones que impone la normativa vigente en la materia, y/o la existencia de potenciales conflictos de intereses que afectan la transparencia que debe existir en el manejo de los recursos públicos”.
Un reciente caso en el que esta dinámica quedó en evidencia fue el de la contratación por parte de la Oficina Anticorrupción comandada por Laura Alonso de la consultora Consuasor para ocuparse de sus servicios de prensa, cuando se trata de una empresa con directos vínculos con el PRO, lo que motivó una denuncia por posible “conflictos de intereses” en el organismo que precisamente debería velar para que estos hechos no sucedan.
El Ministerio de Modernización encabezado por Andrés Ibarra es el organismo que más gastó en consultorías, destacándose los 17 millones de pesos pagados a Matrice Consulting SRL /Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL para un “diagnóstico, planificación y seguimiento de proyectos que mejoren la eficiencia operativa y la experiencia ciudadana de los servicios públicos”. Casi 13 millones se pagaron a PCG S.A. y Price Waterhouse & Co. por una consultoría para “asistir en las iniciativas orientadas a fortalecer y reposicionar al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), como organismo referente e impulsor de la modernización del Estado”. PCG S.A. también se llevó 5,4 millones por una asistencia técnica para la Subsecretaría de Relaciones Laborales. Otros 3,1 millones de pesos se pagaron a TIARG S.A. para la “gestión de demanda desde los municipios hacia la Secretaría de País Digital” y 1,4 millones fueron para Marketing y Comunicación Política S.A. por el diseño de una “propuesta de comunicación integral”.
El ministerio de Industria dirigido por Francisco Cabrera también se destaca por su gasto no sólo millonario sino en algunos casos claramente irregular. Dialal SRL fue contratada por 50 millones de pesos por una consultoría para el programa de mentores de emprendedores siendo que la empresa aparece inscripta ante la AFIP como “servicio minorista de agencia de viajes”. También Cabrera le pagó 20 millones de pesos a McKinsey Argentina SRL para elaborar una “estrategia de desarrollo sobre el sector de servicios”
El Ministerio de Energía de Juan José Aranguren es el tercer organismo que más invirtió en el rubro consultorías. Se destaca sobre todo un pago de 24 millones “para la evaluación y el asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria de ENARSA en la empresa Compañía Inversora en Trasmisión Eléctrica Sociedad Anónima (CITELEC), controlante de TRANSENER”. También el Ministerio de Turismo encabezado por Gustavo Santos tiene sus perlas: 9,3 millones de pesos a Matrice Consulting SRL por el “mantenimiento correctivo, evolutivo y soporte del Sistema Informático del Programa Nacional de Turismo Interno” y casi medio millón, esta vez en forma de contratación directa, para una insólita “consultoría de turismo religioso”.
Según publica Ámbito Financiero, el texto de la Asociación presidida por Stolbizer, concluye anticipando que tras la primera etapa de investigación se abre una segunda de análisis “que consta del requerimiento a los diferentes organismos de la administración pública participantes de las contrataciones de la documentación pertinente elaborada por parte de las consultoras contratadas a los fines de evaluar el cumplimiento de los intervinientes de acuerdo a las condiciones de contratación como así también la utilidad del producto final para la Administración Pública”.
