El Consejo Directivo de OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, ratifica la decisión de la Justicia Federal de suspender la intervención de la Obra Social dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, confirmando el proceso de normalización de la entidad y la conducción por parte de los representantes de los trabajadores rurales.
Las Obras Sociales Sindicales son patrimonio de los trabajadores que la componen (art 14bis CN y art 12 ley 23.660), por lo que la intromisión del gobierno en su administración, en base a argumentos ostensiblemente falsos y contradictorios, importa un acto de ilegalidad manifiesta, contrario a los principios de libertad que dicen sostener.
Se recuerda que la O.S.P.R.E.R.A estuvo intervenida judicialmente desde Marzo de 2023, efectuándose un proceso de saneamiento y recomposición de activos. Por resolución de fecha 10 de junio de 2024 se ordenó la normalización de esta conforme a las normas legales y reglamentarias. Dicha resolución no fue cuestionada por el Poder Ejecutivo Nacional, consintiendo la misma y la competencia al respecto de la Justicia Federal de Santa Rosa. La propia Superintendencia de Servicios de Salud, con fecha 08/07/2024 reconoció a las autoridades rurales designadas para integrar el Consejo Directivo de la OSPRERA.
Por lo tanto, la decisión de intervenir la Obra Social, primero por resolución de la SSSALUD de fecha 05/08/2024 y luego por Decreto Presidencial del 9/08/2024, importan actos de ilegalidad manifiesta, contrarios a los principios legales y constitucionales, y contrarios la conducta jurídica asumida por la propia autoridad de aplicación.
Todo esto evidencia que la pretendida intervención de la Obra Social, bajo la mera apariencia formal, esconde la evidente intencionalidad política de interferir indebidamente en los asuntos internos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar al movimiento obrero y desprestigiarlo mediáticamente frente a la sociedad.
Instamos a la Superintendencia de Servicios de Salud a que cumpla con la decisión de la Justicia Federal (la cual es de cumplimiento efectivo), y al Poder Ejecutivo Nacional a que respete el principio republicano de división de poderes y ponga en práctica los principios de libertad que dice defender, sin doble vara según la afinidad política del caso. Si, según la conducción presidencial, “el Estado es una organización criminal”, los órganos ejecutivos a su cargo, no deberían incurrir en actos de injerencia e ilegales sobres las organizaciones civiles, valiéndose indebidamente del poder público.
