El último día de diciembre el Gobierno autorizó la exploración sísmica en la costa bonaerense con el fin de localizar pozos marinos para la extracción de petróleo y gas. La iniciativa generó el rechazo de sectores ambientalistas, mientras que desde el Gobierno y el sector privado destacaron su impacto positivo para el país.
Sin embargo, el proyecto de extracción petrolera del subsuelo marino recibió un revés debido a que la Fiscalía de Mar del Plata frenó las obras. Además, solicitó una declaración de impacto ambiental por los peligros existentes contra el medio ambiente. Por lo tanto, la iniciativa aprobada a fines del 2021 e impulsada por el decreto nacional 900/21 y por la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá un parate por desacuerdo social.
Asimismo, se solicitó la intervención de varias instituciones y organismos con el objetivo de “elaborar informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto correspondientes”. Entre los interventores están: la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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Las posturas de ambos lados del conflicto son drásticas. Desde organizaciones ambientales como Jóvenes por el clima vaticinan una «catástrofe ambiental», mientras que en el Gobierno ve una «oportunidad histórica» en la búsqueda por posicionar a Argentina como un país exportador de energía.
Mientras el debate se polariza en dos extremos, el descontento social se vuelca a las calles. Días atrás se realizaron manifestaciones en Chapadmalal, bajo consignas como «Mar libre de petroleras» o «Gobierno Ecocida», con la participación de vecinos autoconvocados y referentes ambientalistas.
También hubo marchas en Mar del Plata bajo el nombre de «Atlanticazo», convocatoria que se replicó en Rosario, Córdoba, Viedma, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia– que tuvo como punto de encuentro a La Rambla y finalizó en el centro, en las puertas de la municipalidad marplatense.
¿POR QUÉ OPONERSE?
«Es necesario que haya una transición energética hacia fuentes bajas en carbono entendiendo que estamos en un contexto de crisis climática», señalaron desde Jóvenes por el Clima y agregaron: «Entendemos las dificultades de nuestro país pero también es importante ir por esta línea».
Respecto a los daños ambientales, desde el movimiento XR Argentina explicaron la exploración puede ser perjudicial porque ya hubo experiencias anteriores donde sucedió y podrían suceder explosiones acústicas que afecten al ecosistema. «Por ejemplo, en el Golfo de San Jorge la gente dejó de ir a pescar. Esta estructura genera ruidos muy fuertes que afectan al ecosistema de los animales y la flora”, aseguraron.
También desde sectores ambientalistas rechazan el proyecto porque aseguran que el hecho de hacer una exploración sísmica, no una explotación, perjudica a la gente que vive de la pesca y al turismo de Mar del Plata.
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¿POR QUÉ ESTAR A FAVOR?
En relación con los beneficios, según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el gas y los derivados del petróleo son las principales fuentes de energía utilizadas por los argentinos. Además detallaron que los hidrocarburos representan el 84% de la energía del país.
Respecto a la soberanía energética, el secretario de Energía, Darío Martínez, brindó un comunicado en el que aseguró que «es una política energética que apuesta a potenciar todas las cuencas del país» y destacó que en 50 años de desarrollo offshore no hubo incidentes ambientales. En la misma línea, en un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron el efecto multiplicador de la explotación de petróleo y gas: por cada puesto de trabajo directo crea 5 indirectos. Sería la actividad que más empleo indirecto genera.
A su vez, desde la Secretaría de Minería afirmaron que las actividades extractivas son una de las principales generadoras de divisas y que entre 2003 y 2021, 1 de cada 5 dólares que ingresaron por inversión extranjera directa surgieron de este sector. También, según la resolución aprobada por el Ministerio de Ambiente, el proyecto se realizará bajo un “estricto cumplimiento» de los protocolos ambientales.
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