Gustavo Lleral, el nuevo juez que asumió la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, hace ya más de 50 días, se comunicó con la familia y les pidió “paciencia”. Sergio Maldonado, hermano del artesano desaparecido, lo consideró “una buena señal”.
El juez federal Gustavo Lleral, que luego de la remoción de Guido Otranto asumió con dedicación exclusiva durante 60 días la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Maldonado a manos de la Gendarmería después de un operativo en la comunidad mapuche de Cushamen el pasado 1 de agosto, se trasladará en esta semana a Esquel, para seguir de cerca el caso. Además, ya se comunicó con la familia del joven artesano desaparecido y planea reunirse con ellos a la brevedad.
La primera tarea de Lleral será interiorizarse del caso, para lo que tendrá que sumergirse en la lectura de dos causas (el Habeas corpus y la que lleva la carátula de “desaparición forzada”), que en conjunto suman más de cuatro mil páginas de expedientes. En diálogo con la familia Maldonado (habló primero con Sergio, hermano de Santiago, y su mujer Andrea Antico, luego con Germán, otro hermano, y por último con Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado, padres del joven desaparecido), se comprometió a avanzar lo más rápido posible en este proceso, pero les pidió algo de paciencia.
Sergio Maldonado consideró que esta actitud del nuevo magistrado de la causa constituye “una buena señal” para la familia, que abogó incansablemente por la remoción de Otranto, al que acusaban de “parcialidad”, de desviar la investigación y de reiterados malos tratos con la familia. “Ya tuve contacto con el juez. Llamó a mis padres primero, habló conmigo y con mi otro hermano. Me pareció un gesto muy humano, mis padres lo necesitaban, estaban con otro ánimo ayer. Me pareció una buena señal”, comentó Sergio en diálogo con Radio Continental.
Desde la familia de Maldonado le expresaron al nuevo juez de la causa la esperanza de que manifieste muestras de independencia respecto del poder político, particularmente en lo que hace a las presiones e injerencias directas en el caso de funcionarios del Ministerio de Seguridad, cartera encabezada por Patricia Bullrich.
