A pesar de los datos contundentes de los primeros estudios, que indican que Alejandro Martínez falleció como consecuencia de «asfixia por sofocación», luego de recibir varios golpes en la Comisaría de San Clemente, el ministro de Seguridad bonaerense quiere una segunda autopsia.
Alejandro Martínez fue encontrado sin vida en un calabozo de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú, en el partido de La Costa, tras haber sido detenido por «provocar daños» en el Gran Hotel Fontainebleau, hechos ocurridos el jueves pasado en la madrugada.
Hay nueve efectivos de la Policía Bonaerense involucrados, que como primera versión dijeron que se “había tratado de una muerte por causas naturales”. La autopsia indicó que sufrió «asfixia por sofocación» y golpes, lo que contradice la “naturalidad” del deceso de Martínez.
El fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 descentralizada de La Costa, determinó el traslado del cadáver desde la comisaría a la morgue judicial de Lomas de Zamora. El informe preliminar de autopsia arrojó como resultado que la causa principal de la muerte de Martínez era una «asfixia por sofocación» tras recibir numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.
Sergio Berni, responsable político de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, opinó que «hay muchas cosas que no cierran» en la autopsia y criticó las conclusiones del informe preliminar efectuado en la morgue judicial de Lomas de Zamora, y solicitó que se realice una nueva. «Si un policía de nuestra provincia ha cometido un apremio ilegal, este ministro va a ser el primero en sancionarlo ante la ley, pero para eso necesito elementos de prueba, y hasta ahora no tengo ninguno que lo indique. Necesito saber qué pasó, y si pasó, quién lo hizo», explicó el funcionario en declaraciones a Crónica TV.
De acuerdo al testimonio de un hombre detenido en la misma comisaría, Martínez había sido trasladado desde el hotel «un poco exaltado», tras lo cual algunos policías comenzaron a apretarlo contra el piso y muy poco tiempo después falleció.
Una empleada del hotel donde detuvieron a Martínez, contó que «el pasajero ingresó el miércoles sin problemas y en la madrugada recibimos la denuncia de los ruidos raros, apretamos el botón antipánico y vino la Policía».
Martínez «rompió algunas cosas materiales de la habitación, fue una situación fea pero todo estaba bajo control. Se lo llevó la policía y después de eso no lo volví a ver. Decía que alguien lo perseguía, que se estaba defendiendo, pero a nosotras nunca nos hizo nada, se lo veía asustado», describió la mujer.
Además de ordenar el envío del cuerpo a la morgue para la autopsia, el fiscal Gamaleri ordenó otras medidas de prueba, dispuso once allanamientos y la detención de nueve policías bonaerenses. La imputación sobre algunos de ellos es la de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”, mientras que otros deberán hacerlo en calidad de encubridores.
Repercusiones
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), remarcó que «el Estado es responsable de las personas que detiene».
«El descuido por la vida y la violencia contra lxs detenidxs es una constante de la Policía Bonaerense», resaltó el organismo. «Los policías armaron una versión coincidente para hacerla pasar como muerte natural» pero luego, en la autopsia, «se descubrió que lo habían matado», lo que resulta un nuevo caso de policías «armando versiones falsas ante hechos de violencia», indicó el organismo en un comunicado.
«Las detenciones en calabozos por contravenciones están naturalizadas pero tienen que ser discutidas», ya que «muchas veces son situaciones arbitrarias o que requieren una intervención estatal no violenta», advirtió el comunicado.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de organismo de prevención de la tortura y la defensa de los derechos humano, se presentó como particular damnificada institucional en la causa
Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional y la Dirección de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro, tomó intervención en el tema y se puso a disposición de la familia de Alejandro Martínez.
