El pasado 27 de noviembre la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña abordó un polémico proyecto de modificación de la ley orgánica que regula al Poder Judicial de la Ciudad, lo que generó una inédita rebelión de los magistrados porteños, que denuncian que se apunta a la institucionalización de un “fórum shopping”, a una degradación de la competencia de los propios jueces y que de avanzar “implicaría un escándalo jurídico y mayor descrédito de la justicia local”, por lo que piden que se suspenda su tratamiento.
En la reunión de la comisión el Defensor General Adjunto de la Ciudad Luis Duacastella Arbizu cuestionó otro proyecto, conocido como «De flagrancia contravencional» que habilitaba la aprehensión de los contraventores para presentarlos ante un magistrado y que éste resuelva la pena en 48 horas, cuando el 72% de las contravenciones no tiene prevista pena de arresto. Con este proyecto la Legislatura rompía el consenso de la Constituyente de 1996, volviendo a poner de hecho en vigencia de los cuestionados edictos policiales que habilitaban al arresto por contravenciones menores. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intentará aprobar la iniciativa este jueves, con algunos cambios, en la última sesión del año de la Legislatura porteña.
Respecto de los proyectos de modificación de las leyes 7 y 31 de la Ciudad, que regulan al Poder Judicial local, al día siguiente del tratamiento del proyecto de reforma en la Comisión de Justicia, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas (PCyF) emitió una durísimo acordada cuestionando el proyecto oficial.
El texto denuncia la “gravedad institucional” de la situación, en tanto el proyecto en análisis viola el mandato constitucional al “delegar la integración y distribución de competencias de cada Sala de las Cámaras de Apelaciones en el Consejo de la Magistratura”. También se señala que el proyecto “tampoco respeta la garantía de independencia judicial, estabilidad y juez natural, propiciando una suerte de implementación por vía legal del forum shopping”.
Según cuestionan los jueces, el proyecto oficial prevé que el Consejo de la Magistratura pueda “sistemáticamente alterar la integración de las Salas, conceder o quitar competencias judiciales a algunas de ellas, limitar su jurisdicción territorial y/o trasladar a algunos de sus jueces individualmente, afectando la independencia judicial y las estabilidad en el ejercicio de las funciones de los magistrados”. También se señala que la propuesta oficial “puede alterar las mayorías para la resolución de un caso en particular, impedir la consolidación de jurisprudencia pacífica sobre distintas cuestiones y propiciar la inseguridad jurídica y la emisión de sentencias contradictorias”.
La acordada también critica duramente la propuesta de dividir los 31 juzgados PCyF en cuatro zonas, dejando afuera de la división a tres juzgados a los que «erróneamente» se menciona como de menores, aunque son PCyF con competencia en materia penal juvenil. Además de este error, los magistrados consideran que en el proyecto no se define claramente la forma en que se asignarán las causas luego de esta división “zonal”.
Esto no sólo implica una degradación para los magistrados ya que en vez de ser jueces de la ciudad pasarían a tener una competencia “zonal” sino que eliminaría el sistema actual de asignación de causas por sorteo. Así, los jueces que se designen a la zona sur de la ciudad tendrían competencia sobre los hechos producidos en esta zona, incluyendo todos los relacionados con cuestiones del Gobierno de la Ciudad y de sus funcionarios, por ubicarse la sede del Gobierno porteño esta en esa parte de la ciudad. Así se crearía de hecho una especie de “mini fuero federal”, una suerte de equivalente de Comodoro Py porteño.
Luego de esta durísima acordada, el Gobierno porteño decidió retroceder con la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura modifique arbitrariamente la composición de las salas y su competencia, pero sigue impulsando otros aspectos de la reforma.
Por eso, el 3 de diciembre 19 de los 27 magistrados porteños en PCyF dirigieron una nota a Diego Santilli, en tanto Presidente de la Legislatura, volviendo a cuestionar el proyecto y pidiendo que se “suspenda” su tratamiento legislativo “hasta tanto podamos ser oídos pues de seguir adelante en las condiciones en que se encuentra podría importar una clara afectación a garantías convencionales y constitucionales establecidas en favor de los ciudadanos”. Los magistrados consideran que no se puede modificar una ley orgánica del Poder Judicial de esta manera intempestiva, sin consenso y faltando un análisis profundo de las consecuencias de la reforma.
El texto vuelve sobre lo denunciado en la acordada respecto de la violación de “las garantías de independencia judicial, estabilidad y juez natural” derivado del proyecto, que “pone en crisis la vigencia del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”. Consideran que esta “zonificación” judicial propuesta por el Gobierno porteño “afecta gravemente la garantía de juez natural prevista en la Constitución Nacional y Local”, además de implicar una “grosera diferencia en la carga laboral de las distintas zonas”. El mecanismo propuesto por el oficialismo porteño además, según afirman los magistrados, implica que “en los hechos se estaría implementando un sistema denominado de forum shopping”. “Todo lo cual implicaría un escándalo jurídico y mayor descrédito de la justicia local”, insisten.
Finalmente cuestionan la modificación que apunta a que los delitos cuya pena en abstracto supere los tres años de prisión sean juzgados por un tribunal en vez de que se haga de manera unipersonal como hasta el momento, lo que “de modo alguno se compadece con el objetivo de la modificación de la ley 7 en cuanto a mejorar el acceso a la Justicia y de esta manera mejorar la respuesta en cuanto a los tiempos para la sociedad”. “La reforma propuesta lejos se encuentra de favorecer una rápida respuesta a la comunidad”, denuncian y afirman que, por el contrario, significaría “un retroceso para nuestra nobel justicia local”.
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