Una treintena de directivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) manifestó su “elevada preocupación” por el desenvolvimiento de la causa Oil que implicó el procesamiento de personal jerárquico del organismo, sólo “por haber cumplido con sus funciones y haber desarrollado su trabajo habitual”, según afirman.
Los directivos (jefes de Agencia y directores Regionales) enviaron una carta al titular del organismo, Leandro Cuccioli, rechazando la judicialización de la causa, que involucra a agentes de carrera y los obliga a responder con sus patrimonios. Ya se confirmaron más de 30 casos en los que agentes impositivos y aduaneros sufrieron suspensión de haberes y hasta embargos en el marco de la investigación de la causa Oil.
El punto de partida del conflicto fue el procesamiento de los contadores Gustavo Esperón y Eduardo Nappa en el expediente Oil Combustibles (empresa que pertenecía al empresario Cristóbal López), por el que AFIP reclama una deuda de 8 mil millones de pesos. Para los directivos de AFIP su procesamiento genera “zozobra, inquietud y aficción” y aseguran que la situación de los profesionales “no difiere” del proceder interno aplicable a “cualquier contribuyente”, por lo que no consideran correcto que ambos deban responder con su patrimonio personal por la falta de normativas específicas.
La Justicia decretó la quiebra de Oil y el «desapoderamiento» de Cristóbal López
En la carta, los directivos consideran que la situación es “muy agraviante” y afirman que no tiene “precedentes” en la organización pública, responsabilizando al ex titular de la AFIP, Alberto Abad, por el avance penal de las causas.
El texto plantea: “Nuestra preocupación es que aquellas situación que no cuente con un amparo normativo (Instrucciones Generales, Disposiciones, Resoluciones Generales, etc) que determinen claramente el procedimiento a seguir, las áreas intervinientes y/o cuando los controles informáticos no se cumple adecuadamente, toda intervención realizada en base a nuestro leal saber y entender queda sujeta a futuros reproches penales por eventuales delitos contra la Administración Pública, tal como ocurre en la presente causa (por OIL), generándonos una sensación de incertidumbre laboral y agravio generalizado”.
“Así, damos por descontado que no se adoptará medida alguna que signifique la afectación en los ingresos de carácter alimentarios que perciben los funcionarios a través de su salario, debiendo tener presente que, no tenemos duda, nos hallamos frente a situaciones judiciales derivadas del ejercicio regular de sus funciones”, concluye la carta.
