Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, informó a sus colegas de la Corte que comenzará a intervenir en causas que involucren a clientes de su exestudio de abogados. La referencia es por un expediente que involucra a la empresa Claro, pero al Gobierno le preocupan dos recursos presentados por el Grupo Clarín que el Máximo Tribunal debe resolver.
El estudio que manejó hasta asumir su puesto en la Corte representó a las principales firmas y organizaciones de la Argentina: Mc Donalds, La Rural, Clarín, La Nación, el Grupo De Narváez, YPF y la provincia de Santa Fe fueron o son clientes del estudio que continua llamándose Rosenkrantz, Bouzat y Asociados.
A pesar de que varias empresas fueron clientes de su estudio, Rosenkrantz considera que eso no es un obstáculo para que intervenga. «Si bien en autos está involucrada una parte (la empresa Claro) a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación», explica en la circular que envió a sus colegas.
«Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las de la presente, preferí no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal – más de cinco años- estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas», adelantó Rosenkrantz a El Destape.
En este contexto, la nueva postura de Rosenkrantz genera preocupación dentro del gobierno dado que es de los cinco ministros actuales, que serán cuatro por la partida de Elena Highton en las próximas semanas, quien tiene una marcada posición liberal, «pro mercado» y rechaza las intervenciones estatales.
La primera intervención del expresidente y actual Vice de la Corte será en un expediente en el que debe determinar si la regulación de las antenas de telefonía celular corresponde a los municipios o a la Nación y llegó al Máximo Tribunal tras un reclamo de Claro, cliente del estudio Rosenkrantz, Bouzat y Asociados.
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Pero dentro de las causas que más inquietan al Gobierno se encuentran las que tienen que ver con el Grupo Clarín. En este sentido, uno de los expedientes tiene relación con la capacidad de regulación del Estado sobre los precios de los servicios de telecomunicaciones, que fueron declarados esenciales por el Gobierno para congelar las tarifas durante la pandemia.
Por otro lado, la otra causa está referida a la posibilidad de que el Estado controle la fusión entre Telecom y Fibertel, donde los accionistas como ANSES recibieron un precio menor al del mercado por sus acciones. La Comisión Nacional de Valores intentó fiscalizar la maniobra, pero el caso terminó en la Corte.
