2017 empezó con conflictos en el ministerio de Educación y, por el momento, se observan más problemas a futuro ya que el Gobierno decidió anular la paritaria nacional docente y dejar esa negociación salarial en manos de las provincias.
Como era previsible, los gremios mostraron su disconformidad. Plantearon, en primer término, que según estable la ley, quien debe convocar a la paritaria es el área de Educación. Y pese a que ya se estableció un aumento previsto para los maestros en torno al 18% en distintas provincias, los docentes reclaman una suba del 35 por ciento.
La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, indicó que «no es una cuestión de voluntad, el Ministerio de Educación lo tiene que hacer porque así lo dice el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo». Mario Almirón, del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) declaró: «No es una decisión política que puedan tomar. Esperamos que Bullrich recapacite y nos convoque. Si no ocurre, va a haber conflictividad gremial y, como se trata de una decisión antijurídica, recurriríamos a la justicia».
Desde la cartera que conduce Esteban Bullrich contestó Diego Marías, el jefe de gabinete, quien aseveró que «la paritaria nacional va a perder cierta centralidad. Está la intención de que las paritarias sean negociaciones que sucedan sobre todo en las provincias. Lo que el Ministerio de Educación hacía, que era fijar un piso, quedó automatizado en una cláusula de la paritaria del año pasado, que dispuso que el salario mínimo docente esté siempre un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil».
En agenda no solamente está instalado el tema paritarias. También continúa el reclamo de ATE y de sindicatos docentes por la reincorporación de casi tres mil contratados. Esta mañana, para solicitar al ministro que los reciba tras sus vacaciones, instalaron sombrillas y reposeras para recrear una playa en la entrada del edificio de Montevideo 950.
Además del mencionado conflicto, el ministerio piensa recortar este año las funciones del INET y crear una Agencia Nacional de Formación de Talentos. El Estado y los docentes perderán poder de decisión en la educación técnica, que pasará a ser territorio de los empresarios.
El Gobierno prevé implementar la medida a través de un decreto, que llevará la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y ministro de Educación Esteban Bullrich. La nueva agencia tendrá la facultad de “determinar los programas de formación en función de la demanda identificada”, es decir, a los requerimientos del sector privado.
“De concretarse esta nueva iniciativa privatizadora de Bullrich, las escuelas técnicas, en lugar de enseñar a pensar, a discernir, a apropiarse críticamente de las herramientas científico técnicas, pasarán a formar mano de obra barata para las empresas. Los estudiantes pierden libertad dentro de su formación. Cada vez está más claro que Bullrich es más un gerente de recursos humanos, como se definió el mismo, que un ministro de Educación”, comentó el secretario gremial de Ctera, Eduardo López.
